Afectados por la ley de Costas llevarán su queja a la UE
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pedirá al presidente del Parlamento Europeo y al de la Comisión de Peticiones que retire los fondos estructurales a España por "no cumplir con lo que contempla el informe Auken, que le condena por abuso de la Ley de Costas y por otros abusos urbanísticos", según explicó el abogado José Ortega. La plataforma celebró una asamblea en un hotel del Saler (Valencia) y tras la reunión Ortega explicó que se dirigirán a las autoridades europeas porque el Gobierno "en lugar de hacer caso al Parlamento Europeo", ha endurecido "más la situación por un...
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pedirá al presidente del Parlamento Europeo y al de la Comisión de Peticiones que retire los fondos estructurales a España por "no cumplir con lo que contempla el informe Auken, que le condena por abuso de la Ley de Costas y por otros abusos urbanísticos", según explicó el abogado José Ortega. La plataforma celebró una asamblea en un hotel del Saler (Valencia) y tras la reunión Ortega explicó que se dirigirán a las autoridades europeas porque el Gobierno "en lugar de hacer caso al Parlamento Europeo", ha endurecido "más la situación por un procedimiento turbio, el de denegar el acceso a expedientes de deslindes" de la zona de dominio público en las playas, donde parte de los afectados tienen casas susceptibles de ser derribadas o están pendientes de saber si deberán firmar una concesión por un máximo de 60 años para mantenerlas.
Ortega denunció que cuando el deslinde está en marcha, "tampoco lo dejan ver, porque dicen que afecta a la intimidad de las personas". El informe Auken critica duramente la política urbanística del Consell y recoge el conflicto por la aplicación de la Ley de Costas.
Otro contencioso por la Ley de Costas se resolvió ayer a favor del Ayuntamiento de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado una de las sanciones que impuso al Consistorio la demarcación de Costas por la publicidad colocada en la playa con ocasión de un campeonato de voley en julio de 2005. El gobierno local defendió que se trataba de un patrocinio, no de la publicidad que prohíbe la Ley de Costas. La multa, de 21.035 euros, motivó la retirada de una bandera azul a la ciudad.