El Consell paga a las residencias de la tercera edad con mucho retraso

Los colectivos afectados por la ley de la Dependencia se dieron cita ayer en Valencia, donde, en el mismo lugar pero por separado y desde sus distintos puntos de vista e intereses, exigieron agilizar la gestión de la norma.

Por un lado, empresarios y trabajadores reunidos en la jornada El empleo y la ley de la Dependencia organizada por la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), destacaron la necesidad de tomarse en serio la aplicación de la ley. "Las residencias [concertadas] soportan entre siete y ocho meses...

Los colectivos afectados por la ley de la Dependencia se dieron cita ayer en Valencia, donde, en el mismo lugar pero por separado y desde sus distintos puntos de vista e intereses, exigieron agilizar la gestión de la norma.

Por un lado, empresarios y trabajadores reunidos en la jornada El empleo y la ley de la Dependencia organizada por la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), destacaron la necesidad de tomarse en serio la aplicación de la ley. "Las residencias [concertadas] soportan entre siete y ocho meses de retraso a la hora de cobrar", apuntó Alberto Giménez, el presidente de Aerte. "La ley reconoce un derecho y por ello hay que ponerla en marcha sí o sí". Pero, al margen de la obligatoriedad legal, Giménez detalló los beneficios que puede aportar su puesta en práctica: "ofrece grandes retornos económicos a través de cotizaciones a la Seguridad Social, IVA... y otras cuestiones, como los ingresos que se ahorra la red sanitaria". Por ello, el responsable de la entidad que agrupa a las principales empresas del sector apeló a la Generalitat a "apostar por este sector de forma clara".

Entre las recetas que deben seguirse para agilizar la aplicación de la norma, Giménez se refirió a la necesidad de "aplicación la ley con criterios de calidad y profesionalidad". A ello aludieron también los sindicatos CC OO y UGT. Luis Agudo, responsable del área de negociación colectiva de Comisiones destacó el abuso de la figura del cuidador informal -en la Comunidad Valenciana representan el 31% de las prestaciones, frente al 27% de las residencias- por lo que "se vulnera el espíritu de la norma que contempla estas prestaciones solo en circunstancias en las que no se pueda acceder a otra modalidad de asistencia".

Los principales protagonistas de la ley, los dependientes y sus familiares, no estuvieron dentro, sino a las puertas del complejo de la Petxina, donde se celebró el encuentro. Allí, representantes de la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència, aguardaron la llegada de la consejera de Bienestar Social, Angélica Such, para transmitirle sus quejas por el retraso de la norma y pedir que se agilicen los trámites administrativos. "Desde la presentación de la solicitud de las ayudas hasta la resolución hemos pasado de esperar 18 meses a dos años", señaló Palmira Castellano, una de las integrantes de la plataforma que un día antes, el miércoles, se reunió con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, con el mismo mensaje bajo el brazo: el atasco en la aplicación de la ley.

Tras comprometerse a reunirse con la plataforma, la consejera asistió a la clausura del encuentro, donde apuntó que más de 25.000 personas trabajan en empleos directamente relacionados con la Dependencia. Además, dijo que sólo durante este año y, gracias a una inversión de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con este sector.