Mercancía peligrosa
Mercasevilla se puede convertir en una pesadilla para el gobierno municipal y el autonómico. Ya no se la conoce por el lema "la huerta a la mesa pasando por el merca". Todo lo que se lee y escucha es sobre comisiones ilegales o responsabilidades políticas. Ni siquiera la Fiscalía de Sevilla se libra de las acometidas del PP. Unas veces pretende implicar a la Consejería de Empleo, interesado el PP en las visitas que han tenido lugar en el despacho del consejero. Quiere saber si ha recibido a un tal Lanzas, al que se le conoce por el "conseguidor". Otras veces busca, a través de una peculiar int...
Mercasevilla se puede convertir en una pesadilla para el gobierno municipal y el autonómico. Ya no se la conoce por el lema "la huerta a la mesa pasando por el merca". Todo lo que se lee y escucha es sobre comisiones ilegales o responsabilidades políticas. Ni siquiera la Fiscalía de Sevilla se libra de las acometidas del PP. Unas veces pretende implicar a la Consejería de Empleo, interesado el PP en las visitas que han tenido lugar en el despacho del consejero. Quiere saber si ha recibido a un tal Lanzas, al que se le conoce por el "conseguidor". Otras veces busca, a través de una peculiar interpretación de las leyes, implicar al alcalde de Sevilla o al sursuncorda. Otras, como ocurre con la Fiscalía de Sevilla, afirmando que se han recibido instrucciones del fiscal general del Estado para tratar el tema de las comisiones de forma poco ortodoxa. Por decirlo suavemente, atribuyendo a la Fiscalía una política criminal de brazos caídos o, por decirlo jurídicamente, atribuyéndole un retraso interesado en la persecución de los delitos que le han sido denunciados.
El pasado jueves tuvimos oportunidad de comprobar que estos comentarios son fiel reflejo de las actuaciones de algunos políticos. Unas en el Parlamento de Andalucía; otras, mediante una nota de la propia Fiscalía negando que hubiera recibido instrucciones de la Fiscalía General del Estado. En el Parlamento se lió el correspondiente guirigay liderado por el diputado Juan Ignacio Zoido. Este diputado acusó al consejero de Empleo de recibir al tal "conseguidor". El consejero se empleó en su defensa, como si tuviera que defenderse. No hay que probar la decencia si no, como el diputado del PP bien sabe, la indecencia. Esto lo sabe cualquiera, sea juez en excedencia o no, lo que ocurre es que algunos dirigentes del PP siguen cometiendo barbaridades jurídicas. Sobraban las explicaciones del consejero. Interpreta la música que el PP quiere que suene y no le preocupa la interpretación de las leyes. Por mucho que se empeñe en descalificar a Zoido, recordándole su condición de juez en excedencia, ahora es diputado del PP y uno de sus músicos. Si fuera juez seguro que se reiría si un denunciante le dijera que la carga de la prueba de los hechos ilegales le corresponde al que se le atribuyen y no a quienes los sostienen. Sería un país al revés.
Pero, claro, esto es una cosa y otra que Mercasevilla no se haya convertido en una mercancía peligrosa. El PP lo está usando para trasformar unos actos que, cuando queden definitivamente definidos, pueden ser relevantes penalmente sobre algunas personas que hayan pertenecido o sigan perteneciendo al PSOE o a algún sindicato, pero no deberían serlo para el grupo político o sindicato al que pertenezca. En estos casos, lo normal, lo razonable, es tomar cuantas decisiones sean necesarias para despejar cualquier proteccionismo formal. Es lo que la sociedad quiere.
Nada de ambigüedades, sólo claridad y contundencia, no como está ocurriendo en el caso Gürtel. Los grupos políticos democráticos no son delincuentes, aunque sus dirigentes sí pueden ser responsables de los nombramientos de quienes cometen actos delictivos, como también de los mecanismos de control si éstos no funcionan. Es necesario, pues, que actúen con contundencia y sin miedos. De no actuar así, Mercasevilla puede terminar siendo una pesadilla para el PSOE, sobre todo, por la forma que tienen de interpretar el Derecho algunos dirigentes del PP y por la actuación de una Fiscalía que justifica con notas de prensa sus actos ante ataques calumniosos por su lentitud. Una actuación no muy deseable, en general. Menos cuando algunos políticos, utilizando unos actos que todo apunta a que sean delictivos, hacen manifestaciones para deslegitimar el Gobierno democrático y el sistema judicial.