Sin 'vacaciones' después de 15 años

Europa ha acabado diciendo a Euskadi que no vale todo para ayudar a las empresas dentro de la UE. Caben sistemas fiscales diferentes de los de sus estados, como los de Euskadi o las Azores, pero el Tribunal de Luxemburgo ha dicho no a las ayudas de Estado y a los ataques al principio de libre establecimiento que proclamó el Tratado de Roma. El asunto es que han pasado más de 15 años desde se pusieron en marcha las ayudas, hasta que la justicia comunitaria ha dado la razón a la Comisión Europea, que en 2007 ya exigió la devolución, por ilegales, de los casi 1.600 millones de euros que ...

Europa ha acabado diciendo a Euskadi que no vale todo para ayudar a las empresas dentro de la UE. Caben sistemas fiscales diferentes de los de sus estados, como los de Euskadi o las Azores, pero el Tribunal de Luxemburgo ha dicho no a las ayudas de Estado y a los ataques al principio de libre establecimiento que proclamó el Tratado de Roma. El asunto es que han pasado más de 15 años desde se pusieron en marcha las ayudas, hasta que la justicia comunitaria ha dado la razón a la Comisión Europea, que en 2007 ya exigió la devolución, por ilegales, de los casi 1.600 millones de euros que recibieron en ayudas unas 300 empresas.

Y eso que en el año 2000 desapareció la judicialización del Concierto Económico en los tribunales españoles, a raíz del acuerdo entre el Gobierno vasco y el de España, entonces en manos del PP. Pero ya era tarde.

La pelea que ya se libraba en los tribunales españoles desde 1994 saltó a Europa en 1997. El Tribunal Superior vasco planteó a Luxemburgo en julio de 1997 una cuestión prejudicial (consulta) para aclarar si las medidas de apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica de 1993, vulneraban el principio de libre establecimiento proclamado por el Tratado de Roma. No hubo opinión, porque fruto del acuerdo político entre el PNV y el PP la Administración central retiró el recurso original que llevó al Superior a hacer la pregunta.

Sin embargo, la Comisión Europea ya estaba al tanto de aquellas ayudas, y en 1999 abrió un expediente general a los incentivos fiscales a la inversión vigente entre 1995 y 2000 que resolvió calificándolos de "ayudas de Estado" contrarias a la libre competencia.

Las administraciones vascas recurrieron al Tribunal de Luxemburgo. A este expediente le había precedido otro sobre las ayudas a dos empresas alavesas: Daewoo y Ramondín. Tras la resolución adversa de la Comisión y el subsiguiente recurso, el Tribunal dictó en primera instancia una sentencia contraria a las ayudas. También fue recurrida. Esos casos y otro más fueron agrupados en enero de 2008 por el tribunal que ayer mismo ratificó la ilegalidad de las ayudas.