Fiscalía pide investigar los parques eólicos de Enguera
La Fiscalía de Valencia ha trasladado a los juzgados de Xàtiva la denuncia del PSPV-PSOE de Enguera contra la construcción de tres parques eólicos al considerar que existen "indicios de delito" penal contra la ordenación del territorio, que puede comportar penas de prisión e inhabilitación de seis meses a tres años. En la denuncia se acusaba al alcalde de Enguera, Santiago Arévalo, y al concejal de urbanismo y medio ambiente, José Simón, de posibles delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente por la aprobación de una licencia municipal de obras a la empresa Acc...
La Fiscalía de Valencia ha trasladado a los juzgados de Xàtiva la denuncia del PSPV-PSOE de Enguera contra la construcción de tres parques eólicos al considerar que existen "indicios de delito" penal contra la ordenación del territorio, que puede comportar penas de prisión e inhabilitación de seis meses a tres años. En la denuncia se acusaba al alcalde de Enguera, Santiago Arévalo, y al concejal de urbanismo y medio ambiente, José Simón, de posibles delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente por la aprobación de una licencia municipal de obras a la empresa Acciona Eólica del Levante, SL, para la construcción de los parques eólicos de Salomón, Banalaz y Benalaz II. Ahora, la fiscalía pide al juzgado decano de Xàtiva que incoe un procedimiento para esclarecer si los hechos denunciados son constitutivos de delito.
En su denuncia, los socialistas alertaban de la falta de permisos administrativos, el "incumplimiento sistemático" de la declaración de impacto ambiental y de las directivas de la UE para conservar la biodiversidad de la Sierra de Enguera. Así, la empresa estaría construyendo estas instalaciones con una licencia para parques eólicos de pequeño tamaño y potencia máxima de 50 megavatios, potestad de la Generalitat. En la práctica, los tres parques estarían ubicados a menos de 2.000 metros, sumarían más de 70 aerogeneradores y 140 megavatios, lo cual se considera, según el Plan Eólico valenciano, como un único parque, que requiere una autorización ambiental especial, reservada al Gobierno central.