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Corresponsabilidad y transparencia

El nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas (excluidas el País Vasco y Navarra) eleva considerablemente la corresponsabilidad fiscal de las mismas con el Estado. Participarán en el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales cuando en el modelo anterior la participación era del 33%, 35% y 40% respectivamente. La mayor ventaja, para el sistema en su conjunto, de este aumento de la corresponsabilidad es que los ciudadanos podrán comparar la relación directa entre los impuestos que pagan y la gestión partiendo del gasto que realicen sus rep...

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El nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas (excluidas el País Vasco y Navarra) eleva considerablemente la corresponsabilidad fiscal de las mismas con el Estado. Participarán en el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales cuando en el modelo anterior la participación era del 33%, 35% y 40% respectivamente. La mayor ventaja, para el sistema en su conjunto, de este aumento de la corresponsabilidad es que los ciudadanos podrán comparar la relación directa entre los impuestos que pagan y la gestión partiendo del gasto que realicen sus representantes políticos en las competencias transferidas. Pero para ello sería necesario exigir algo que, de momento, nadie pone sobre la mesa y es una mayor transparencia de la información sobre los gastos realizados por las Comunidades Autónomas (CCAA), con detalle suficiente y puntualidad de la información como para poder analizarlos y compararlos.

Con el nuevo modelo las economías más dinámicas tendrán más recursos porque recaudarán más

Pero no parece que este conocimiento detallado de los gastos suscite interés entre los poderes públicos. Por mi experiencia en el campo de los datos, estoy en condiciones de afirmar que así como existe transparencia en la información de los ingresos y gastos del Estado, con detalle y puntualidad (sólo rota en algunas ocasiones) que permite analizar su evolución y estudiar las causas de los déficit obtenidos, también conozco de las dificultades para obtener información puntual y detallada de los gastos de las CC AA. Ni siquiera el Ministerio de Economía y Hacienda dispone de esta información detallada del gasto para cada una de las CC AA. Incluso es difícil explicar con exactitud y detalle el déficit de las mismas.

La participación y gestión del 50% de la recaudación del IRPF y la capacidad normativa en temas tan importantes como la fijación de los tipos impositivos, el número de tramos a aplicar, la fijación de mínimos personales y familiares y las posibles deducciones, como la vivienda, otorga una autonomía fiscal a las comunidades autónomas que debería ir acompañada de desarrollo y mejoría de los órganos de control del gasto. Es inevitable que haya asimetrías entre ellas pero ahora que se habla tanto de los órganos de supervisión financiera y de los mercados, no debería dejarse de lado el control y sobre todo el conocimiento detallado de los gastos de las CC AA.

De los tres fondos que componen el nuevo modelo: 1) Fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales (80%); 2) Fondo de suficiencia global (16,5%); y 3) Fondo de convergencia (3,5%), el primero es el más importante por su cuantía y por referirse a los servicios fundamentales transferidos de educación, sanidad y servicios sociales. El 75% se proveerá de la recaudación obtenida antes comentada y un 5% de transferencias directas del Estado. Lo que nos lleva a otra ventaja importante del modelo. Las economías que sean más dinámicas obtendrán más recursos porque recaudarán más. Claro que alguna puede caer en la tentación de subir los tipos del IRPF para recaudar más pero tendría que explicárselo a los votantes.

Pero no todo son ventajas. Como en otros campos está sucediendo, la descentralización del Estado a favor de las CC AA choca con la tendencia de armonización dentro de la Unión Europea. Es cierto que en materia de política fiscal la armonización europea es escasa, provocando tratamientos competitivos que inciden en los precios relativos de los bienes y los servicios. Pero es de esperar que dicha armonización fiscal tenderá en el futuro a aumentar para evitar esas consecuencias perversas y cuando ocurra, para España, las diferencias entre los tratamientos fiscales de las CCAA, será una complicación adicional. Ésta es la razón fundamental por la que en el nuevo modelo no se otorga a las CC AA capacidad normativa sobre el IVA.

Otro problema adicional es la incidencia del modelo en el déficit público. Recordemos que en los criterios de la Unión Europea se considera el déficit total de las Administraciones Públicas: Estado, CC AA, corporaciones locales y Seguridad Social. Como es bien sabido el déficit del Estado está aumentando como consecuencia de la crisis, tanto por la caída de la recaudación de impuestos como por el aumento del gasto. Se dice que el déficit público total no aumentará sensiblemente con el nuevo modelo porque el déficit de las CC AA se reducirá al disponer de más recursos. Pero no hay que ser muy optimistas. Los ingresos de las comunidades autónomas van a depender en gran manera de la recaudación (que está descendiendo) y, sin embargo, los gastos en educación y sanidad continúan aumentando por el crecimiento y envejecimiento de la población. Durante los próximos años va a ser especialmente delicada la evolución, conocimiento y cálculo del déficit de las CC AA. Otra vez chocamos con la transparencia.

Si se quiere que el modelo sea eficaz, y que la correspondencia fiscal tenga un efecto positivo para los ciudadanos, es necesario insistir, acordar y exigir esa transparencia de la información de los gastos de las CC AA, detallada y puntual, que permita juzgar la eficacia de la gestión de los dirigentes públicos. Si no se hace podemos encontrarnos que al salir de la crisis tengamos un problema adicional con el déficit público y una nueva burbuja con el gasto y endeudamiento de las CC AA.

Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.

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