Aprender la lección
Decía John K. Galbraith que no existe propuesta en política económica que no pueda ser explicada en términos sencillos y comprensibles. Contradiciendo abiertamente las afirmaciones del gran economista norteamericano recientemente fallecido, Elena Salgado y la mayoría de los presidentes autonómicos han organizado, con motivo del nuevo modelo de financiación autonómica, una auténtica ceremonia de la confusión. Porque, en efecto, que a 24 horas de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deberá votar la propuesta, no se conozcan las cifras que derivan del nuevo modelo de f...
Decía John K. Galbraith que no existe propuesta en política económica que no pueda ser explicada en términos sencillos y comprensibles. Contradiciendo abiertamente las afirmaciones del gran economista norteamericano recientemente fallecido, Elena Salgado y la mayoría de los presidentes autonómicos han organizado, con motivo del nuevo modelo de financiación autonómica, una auténtica ceremonia de la confusión. Porque, en efecto, que a 24 horas de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deberá votar la propuesta, no se conozcan las cifras que derivan del nuevo modelo de financiación es un hecho inaudito. Pero que la propia vicepresidenta del Gobierno no sólo se niegue a dar dichas cifras, sino que asegure que no confirmará ni desmentirá las que faciliten las distintas comunidades autónomas, roza el delirio y el esperpento.
Sólo una reforma constitucional puede reconducir esta indeseable deriva política
Pero todo lo que está aconteciendo, como lo que ha sucedido en el pasado, se debe a que no hubo un ejercicio expreso del poder constituyente sobre la articulación territorial del Estado. Las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1977 no abordaron de manera frontal este problema y, en consecuencia, tampoco pudo pronunciarse sobre él el pueblo español en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. La estructura del Estado no se resolvió en la Constitución y, por tanto, arrastra un déficit de legitimidad de origen. Por eso la construcción del Estado ha sido, y sigue siendo, el producto de las mayorías parlamentarias existentes en cada momento, de los subsiguientes pactos políticos y de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Pero esta situación no puede continuar indefinidamente. Un Estado para poder operar de manera estable y con legitimidad indiscutible e indiscutida necesita una estructura constitucionalizada. Pero esa falta de legitimidad de origen del momento constituyente sólo puede corregirse realizando una reforma constitucional. De lo contrario, el desarrollo del Estado Autonómico -financiación incluida- seguirá, como hasta ahora, al albur de los resultados electorales y de los pactos políticos que dichos resultados obliguen a realizar. Así ocurrió en 1993 cuando el presidente González se vio obligado a ceder a Jordi Pujol el 15% del IRPF. Del mismo modo Aznar tuvo que ceder el 30% de dicho impuesto a la Generalitat y lo mismo ha vuelto a suceder en la reciente negociación del Estatut, cuando Zapatero se ha visto forzado a ceder al Gobierno de Cataluña la mitad de la Hacienda Pública.
Naturalmente, varias comunidades autónomas, entre las que por desgracia no se encuentra Galicia, han reaccionado ante estos hechos y han modificado sus respectivos estatutos con el fin de equipararse a los catalanes. Cuando lo logren, Cataluña rechazará que su autogobierno se diluya en el detestado café para todos y el círculo vicioso volverá a comenzar. Por eso sólo una reforma constitucional ampliamente respaldada puede encauzar este proceso y reconducir esta indeseable deriva política. Una reforma que debe afectar tanto al Título VIII como al Título III (reforma del Senado) de la Constitución, que permita la participación de las autonomías en el diseño estratégico del Estado, tal como contempla el artículo 69 de la Constitución, y tal como sucede en todos los países que, como el nuestro, son descentralizados y compuestos.
Este sería, junto a la reforma de su Estatuto de Autonomía, el modelo que interesa a Galicia frente a la dinámica de acuerdos exclusivamente bilaterales entre Gobierno y las diferentes comunidades autónomas. Y no conviene olvidar que comunidades como Madrid, Valencia, Cataluña o Andalucía, además de la reforma de sus estatutos, que les permite respaldar legalmente sus demandas, disponen de un peso demográfico muy superior al de Galicia y, desde luego, de mucho mayor peso económico que el nuestro.
Esta es la elección que se debe extraer de la negociación en marcha sobre el modelo de financiación. Pero, sobre todo, debemos comprender que si no cambian la estructura de la toma de decisiones, Galicia, que en el pasado jugó un relevante papel en el diseño del Estado, acabará en el rincón del olvido y sus intereses serán marginados.