¿Hay seguridad en Latinoamérica?

En el actual contexto de crisis global, América Latina necesita encarecidamente de inversión extranjera para afrontar la salida del tsunami financiero en unas condiciones cuando menos igual de óptimas que las que tenía cuando llegó la hecatombe. Una condición ineludible es garantizar la seguridad jurídica de las empresas. Es cierto que hay un número importante de países -entre ellos, los más relevantes por su dimensión económica- que han progresado respecto a décadas atrás. Aun así, un pionero estudio de la consultora Llorente y Cuenca sobre las relaciones empresa-gobierno en América La...

En el actual contexto de crisis global, América Latina necesita encarecidamente de inversión extranjera para afrontar la salida del tsunami financiero en unas condiciones cuando menos igual de óptimas que las que tenía cuando llegó la hecatombe. Una condición ineludible es garantizar la seguridad jurídica de las empresas. Es cierto que hay un número importante de países -entre ellos, los más relevantes por su dimensión económica- que han progresado respecto a décadas atrás. Aun así, un pionero estudio de la consultora Llorente y Cuenca sobre las relaciones empresa-gobierno en América Latina y España señala en uno de sus apartados que el 74% de los empresarios no está conforme con el grado de seguridad jurídica que aportan los Gobiernos en la actividad empresarial.

Los autores del informe creen que el reclamo es una aspiración

El sector energético es el que más desconfianza jurídica genera

¿Está justificada esa reclamación? Al igual que ocurre con Asia y con África, los expertos consultados destacan que América Latina abarca países con situaciones muy diferenciadas. "No son sólo matices. Son a veces fuertes contrastes. No es un abordaje [la cuestión de la seguridad jurídica] que tolere enfoques generalizantes. No hay un modelo único de desarrollo económico ni institucional. Cada país encuentra, si tiene suerte, el suyo", explica Félix Peña, analista argentino, experto en relaciones internacionales.

El estudio de Llorente y Cuenca, elaborado a partir de las respuestas de 1.000 empresarios, gobernantes y políticos de América Latina y España -687 empresarios y 300 políticos- se ha centrado en ocho países, de los cuales México registra el mayor grado de disconformidad (96%). Le siguen Ecuador (91%), Brasil (85%), Argentina (74%), Perú (71%), Panamá (63%) y Colombia (60%).

Tanto José Antonio Llorente, consejero delegado de la consultora, como Alfredo Arceo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que ha dirigido la investigación, consideran que los resultados responden más a algo "aspiracional, a una reclamación general y generalizada". No se trata, creen, de una alarma ante una hipotética inseguridad jurídica. "La seguridad ha mejorado, pero piden más. El momento actual lo reclama", opina Llorente.

La irrupción de China en el mercado latinoamericano está siendo muy importante para el devenir de la región. El desembarco de inversiones procedentes del país asiático, opinan los analistas, incentivará a las empresas de otros países a que hagan lo mismo. Y con ello habrá más confianza. "A mayor diversidad de orígenes de las inversiones extranjeras en un determinado país, puede preverse una mayor tendencia a generar condiciones estables para incentivarlas", explica Félix Peña.

El sector energético es el que genera más desconfianza jurídica. Algunos países, con Venezuela y Bolivia a la cabeza, han modificado sus leyes energéticas para nacionalizar el gas y el petróleo. Independientemente de si las medidas adoptadas son buenas o malas, lo cierto es que crea una sensación de inseguridad de cara a los inversionistas. "El mayor riesgo que se puede alcanzar es que haya proyectos intrarregionales que no se puedan llegar a completar porque ningún inversor extranjero va a querer arriesgarse con algunos países que cambian las reglas del juego", advierte Sergio Amaral, ex ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil.

Del estudio de Llorente y Cuenca se percibe también la necesidad de que empresarios y dirigentes políticos, a ambos lados del Atlántico, generen más contactos entre ellos. El 85% de los empresarios asegura que la frecuencia de encuentros y reuniones que mantiene con los gobernantes y políticos es regular, baja o muy baja. Los financieros colombianos son los únicos que, aunque críticos, desentonan del resto, ya que sólo un 64% da respuestas negativas, por el 91% de Panamá, el 90% de España o el 88% de Brasil.

Aunque con un menor grado de disconformidad, los gobernantes también son críticos con las escasas reuniones que mantienen con los empresarios. Un 72% de los políticos califica de regular, baja o muy baja la frecuencia de sus encuentros con directivos de empresas.

En cuanto a la política exterior, los empresarios españoles son muy críticos con el apoyo que reciben del Ejecutivo, ya que el 85% de los encuestados cree que el respaldo que el Gobierno les da en su política exterior es limitado.

El estudio de la consultora, realizado entre octubre del pasado año y enero del presente, aporta una fotografía actual de las relaciones entre los gobernantes y los empresarios. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los autores ha sido las respuestas dadas sobre los gobernantes y políticos más valorados por los empresarios. Entre los latinoamericanos destacan, sin duda, Álvaro Uribe, Lula y Michelle Bachelet, a pesar de que la consultora no tiene una oficina en Chile ni el país ha sido objeto de estudio.