Dos asociaciones de afectados de Tous, bajo sospecha
La Fiscalía ha pedido al juzgado un proceso penal por un supuesto delito de apropiación indebida en el reparto de fondos de los damnificados de Tous entre los directivos de las asociaciones Afiva y Apemeda.
La Fiscalía remitió al decanato de los juzgados de Alzira la pasada semana un decreto en el que le requería que se abrieran diligencias de investigación penal dado que entendía que existían indicios de delito.
Ese decreto fue la conclusión de la propia valoración de la Fiscalía una vez estudiado el asunto de forma preliminar. La instrucción fiscal se realizó entre Valencia y e...
La Fiscalía ha pedido al juzgado un proceso penal por un supuesto delito de apropiación indebida en el reparto de fondos de los damnificados de Tous entre los directivos de las asociaciones Afiva y Apemeda.
La Fiscalía remitió al decanato de los juzgados de Alzira la pasada semana un decreto en el que le requería que se abrieran diligencias de investigación penal dado que entendía que existían indicios de delito.
Ese decreto fue la conclusión de la propia valoración de la Fiscalía una vez estudiado el asunto de forma preliminar. La instrucción fiscal se realizó entre Valencia y el destacamento de Alzira. La denuncia fue presentada en sede del ministerio público el pasado mes de febrero y, tras el oportuno registro y reparto, se nombró instructora de las mismas a una de las fiscales destacadas en Alzira. La denuncia señala a varios directivos de ambas asociaciones como posibles autores de un delito de apropiación indebida del dinero recaudado para los afectados por las lluvias y la rotura de la presa de Tous en 1982. Junto a la denuncia, la Fiscalía recibió una grabación de la mano de la esposa del presidente de Apemeda -la pareja está en trámites de divorcio- sobre el posible reparto del dinero que dieron las administraciones a los afectados. Supuestamente, esas grabaciones acreditarían, a través de varias conversaciones, en total 42 minutos de duración, entre el presidente y el secretario, realizadas entre septiembre y diciembre pasado, que en efecto se hurtó dinero de las indemnizaciones. Según fuentes del caso, en esas conversaciones se asegura que cada uno de los 17 miembros de la junta directiva de las asociaciones recibió 12.000 euros, sin que la asamblea hubiera avalado tal decisión. Y, además, que entre presidente y secretario se podrían haber repartido 132.000 euros. Los sospechosos niegan categóricamente los hechos.