El juez abre 3 investigaciones en Baena por irregularidades
El juez de Baena (Córdoba) encargado de la investigación de presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con posibles facturas falsas ha abierto un nuevo frente al encausar a cuatro concejales y ex ediles socialistas del Ayuntamiento -gobernado por el alcalde y senador socialista Luis Moreno- por un presunto delito de uso de información privilegiada, informaron fuentes del TSJA. A ninguno se le ha tomado todavía declaración.
Estas personas ya se encuentran imputadas en una causa anterior por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. Su implicación es ...
El juez de Baena (Córdoba) encargado de la investigación de presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con posibles facturas falsas ha abierto un nuevo frente al encausar a cuatro concejales y ex ediles socialistas del Ayuntamiento -gobernado por el alcalde y senador socialista Luis Moreno- por un presunto delito de uso de información privilegiada, informaron fuentes del TSJA. A ninguno se le ha tomado todavía declaración.
Estas personas ya se encuentran imputadas en una causa anterior por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. Su implicación es consecuencia de las denuncias que presentaron en la Guardia Civil en junio de 2007 el constructor Carlos Arenas, que fue alcalde del PTA entre 1979 y 1983. Su esposa, María Jesús Muñoz, concejal de IU en Baena, y Manuel Luque, guarda del consistorio, también presentaron sendos escritos de denuncia por posibles tejemanejes inmobiliarios. Además, hay tres empresarios y el presidente de una sociedad de cazadores imputados.
Poco menos de un mes después de que se presentaran estas denuncias, un hermano de María Jesús Muñoz que es cabo de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un empresario de carpintería metálica podía estar pagando facturas falsas a funcionarios del consistorio. Tras la denuncia del empresario -que presentó 12 facturas falsas por valor de unos 40.000 euros- y, a pesar de su posterior retractación por escrito, se llevó a cabo una investigación, por la que se intervinieron los teléfonos de los dos trabajadores presuntamente implicados: Rafael Santano, jefe del Área de Comunicación, y de Juan Díaz, trabajador municipal.