El corazón y la cabeza
La contradicción entre la muerte, hace 10 meses, de la niña onubense de cinco años María Luz Cortés y la sentencia en firme dictada por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005 contra su presunto asesino -condenado a dos años y nueve meses por abusos sexuales cometidos con su propia hija en 1999-, que no había sido aún ejecutada en el momento del crimen a causa de la negligencia de un juzgado hispalense, se halla en el origen de un grave conflicto entre el Gobierno y la magistratura.
El delito imputado a Santiago del Valle -cuyo historial judicial entre 2003 y 2007 incluye el manose...
La contradicción entre la muerte, hace 10 meses, de la niña onubense de cinco años María Luz Cortés y la sentencia en firme dictada por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005 contra su presunto asesino -condenado a dos años y nueve meses por abusos sexuales cometidos con su propia hija en 1999-, que no había sido aún ejecutada en el momento del crimen a causa de la negligencia de un juzgado hispalense, se halla en el origen de un grave conflicto entre el Gobierno y la magistratura.
El delito imputado a Santiago del Valle -cuyo historial judicial entre 2003 y 2007 incluye el manoseo a una niña de nueve años, los tocamientos a una menor en un supermercado, el acoso a una muchacha de 13 años y los juegos con una niña de cuatro- ha despertado la indignación popular. En los casos límite, las ideas ilustradas sobre la justicia penal, que derrotaron a la concepción retributiva de la ley del talión, pueden llegar a ser barridas por esas entendibles -y no justificables- oleadas pasionales. Es cierto que el caos de la Administración de Justicia dificulta el sosiego reflexivo. Pero dentro de la división del trabajo entre la cabeza y el corazón, la defensa de la lógica del Estado de derecho frente al desbordamiento emocional es un deber de todos sus poderes.
El Gobierno y el Poder Judicial se enfrentan a causa de la sanción disciplinaria del CGPJ al juez Rafael Tirado
Por desgracia, las protestas contra la leve sanción disciplinaria -una multa de 1.500 euros por "desatención grave"- aplicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Rafael Tirado, titular del juzgado penal sevillano que demoró durante 26 meses la ejecución de la sentencia firme contra Santiago del Valle, han sido jaleadas por una parte del Gobierno, que ha irrumpido en el asunto como elefante en cacharrería. La vicepresidenta Fernández de la Vega, que ha sido secretaria judicial y vocal del CGPJ, manifestó su esperanza de que la sanción al juez Tirado se elevara a los tres años de suspensión de empleo y sueldo pedidos por el fiscal. El ministro Bermejo acusó con aire intimidatorio a la magistratura de "intereses corporativos de autodefensa". Las imágenes del presidente Zapatero con el padre de Mari Luz fueron algo más que informativas.
La reacción judicial no se hizo esperar. Un escrito firmado por magistrados del Supremo rechazó "las inaceptables injerencias" del Gobierno en el ámbito del CGPJ y sus demandas "justicialistas y ejemplarizantes". Una abrumadora mayoría de los miembros de la carrera judicial se solidarizó con la huelga -legal- convocada para el 21 de octubre (con un 85% de seguimiento) por el cuerpo de secretarios judiciales en apoyo de su compañera sevillana, sancionada a dos años de suspensión; la vía elegida fue un paro encubierto disfrazado de Juntas de Jueces concertadas para el mismo día. Pero la huelga -como la afiliación sindical- es un derecho negado a los jueces, que encarnan un poder del Estado. No se trata sólo de que el Poder Ejecutivo respete las fronteras del Poder Judicial; los magistrados están igualmente obligados a respetar las leyes. -