Camps y Aguirre exigen más dinero por población

El presidente pide a Alarte que se sume a su posición y no apoye a Zapatero

"Humillantes" es el calificativo que dieron ayer a los Presupuestos Generales del Estado la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, porque, aseguran, maltratan a sus dos comunidades autónomas. Ambos se reunieron durante más de hora y media en la sede del Gobierno autonómico de Madrid en la Puerta del Sol y a la salida volvieron a insistir en el argumento de que las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero no han reflejado el incremento de población que se ha producido en los últimos años en las dos regiones, en ambas un millón de habitantes m...

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"Humillantes" es el calificativo que dieron ayer a los Presupuestos Generales del Estado la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, porque, aseguran, maltratan a sus dos comunidades autónomas. Ambos se reunieron durante más de hora y media en la sede del Gobierno autonómico de Madrid en la Puerta del Sol y a la salida volvieron a insistir en el argumento de que las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero no han reflejado el incremento de población que se ha producido en los últimos años en las dos regiones, en ambas un millón de habitantes más. Su cálculo es que la Comunidad Valenciana ha dejado de percibir por ello unos 6.000 millones de euros, mientras Madrid habría perdido 9.500 millones.

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Por eso, los dos dirigentes del PP reclamaron al ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que modifique el sistema de financiación autonómica "antes del 1 de enero" y, mientras tanto, establezca un fondo de compensación de 1.000 millones anuales para las regiones que más han crecido en habitantes. "La arbitrariedad de Zapatero genera desigualdad entre los españoles", apostilló Camps.

La llamada urgente del jefe del Consell a cambiar antes de 2009 la financiación autonómica y a que se cree un fondo de compensación extra se produce después de que su consejero de Economía, Gerardo Camps, pactara el martes con socialistas y Compromís la creación de una comisión de expertos para fijar las bases de la propuesta valenciana. Unas bases que el presidente valenciano aspira a consensuar con la oposición pero que hasta anteayer no habían tenido concreción alguna.

La posición reivindicativa de Camps en materia de financiación autonómica, en su reunión con Aguirre, contrasta con la posición conciliadora mantenida el día anterior hacia la oposición. De hecho, el consejero de Economía, Gerardo Camps, aseguró que aceptaría un alza gradual de las transferencias del Estado a las autonomías y pactó con los grupos de la oposición parlamentaria una serie de principios básicos para revisar el modelo actual.

Como resultado del buen clima de negociación, distinto del enarbolado ayer por Camps hacia el Gobierno socialista, todos los grupos parlamentarios coincidieron en proponer nombres de expertos y técnicos para constituir una comisión que fijará los principios rectores de la propuesta valenciana de financiación.

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Ayer Camps se volvió a mostrar dispuesto a entrevistarse con el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, pero le exigió que defienda los intereses de los valencianos no reconocidos en el sistema de financiación, "no los de Zapatero". El nuevo sistema de financiación autonómica debe pactarse, en todo caso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representados el Gobierno y todas las autonomías de régimen general (todas excepto el País Vasco y Navarra).

Alarte, que ayer se reunió con el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, confirmó que todavía no hay fecha pero "ambos tienen interés" en verse. De producirse el encuentro, el dirigente socialista trasladará a Camps la disposición de los socialistas a apoyar los presupuestos de la Generalitat de 2009 siempre que sean austeros y tengan como prioridad el gasto en políticas sociales. Los socialistas arrimarán el hombro siempre que Camps propicie un cambio de modelo económico y territorial y anteponga la lucha contra el paro o el desarrollo de la ley de Dependencia. "Seremos responsables y miraremos por el interés de los valencianos", dijo Alarte, que aprovechó los micrófonos para insistirle a Camps, en su condición de presidente del PP valenciano, que destituya a la actual alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, del PP, por vulnerar el pacto anti-transfuguismo. Una petición ya formulada antes y de la que Camps no sólo ha hecho caso omiso, sino que ha nombrado a Kringe, que ha logrado la alcaldía con ayuda de un tránsfuga socialista, miembro de la nueva dirección autonómica del PP.

Para predicar con el ejemplo, la comisión permanente del PSPV formalizó anoche la expulsión del partido de sus concejales en La Pobla de Farnals por aupar a una tránsfuga del PP a la alcaldía de esta localidad. También acordaron reunirse con sus alcaldes y concejales -este sábado será con ediles de la provincia de Valencia- para explicarles cuál es la posición del partido en la aprobación de los presupuestos autonómicos y municipales.

Esperanza Aguirre y Francisco Camps, ayer, poco antes de su reunión, en Madrid.EFE / J. J. GUILLÉN

Fabra, "esa persona"

Camps sorteó una pregunta sobre la decisión del PP de la Comunidad Valenciana de exigir una sentencia firme para apartar de su cargo a los miembros del partido acusados de corrupción, en referencia al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración y supuesto delito fiscal. "Coincido y comparto con usted la necesidad de respetar la presunción de inocencia y comparto el papel que tienen que tener los tribunales", afirmó el presidente valenciano. Después, aseguró compartir también la queja de "esa persona" -en alusión a Carlos Fabra- de que "el tren de alta velocidad se haya desprogramado de los presupuestos y no llegue ni a Alicante ni a Castellón".

El jefe del Consell obvió que en el PP de la Comunidad Valenciana también se mantienen en puestos de responsabilidad personas con sentencia firme, como al ex alcalde de Vila-real Manuel Vilanova. Y ello, pese al compromiso ético y a los nuevos estatutos aprobados el pasado fin de semana por los populares valencianos, que prevén la expulsión del PP si hay sentencia firme.

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