Ibarretxe y López serán juzgados en precampaña por hablar con Batasuna

La cita será a las 9.30 del próximo 8 de enero. Y las cámaras retratarán en el banquillo a buena parte de los políticos que se reunieron durante el fallido proceso de final de la violencia en 2006. Ese jueves, el triángulo político que participó en el proceso de negociación entre los partidos vascos, surgido al calor del alto el fuego de ETA, se sentará en el banquillo de los acusados. En un vértice del triángulo estará el lehendakari, Juan José Ibarretxe (PNV), y en el otro los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares, acusados los tres de cooperadores necesarios del delito de ...

La cita será a las 9.30 del próximo 8 de enero. Y las cámaras retratarán en el banquillo a buena parte de los políticos que se reunieron durante el fallido proceso de final de la violencia en 2006. Ese jueves, el triángulo político que participó en el proceso de negociación entre los partidos vascos, surgido al calor del alto el fuego de ETA, se sentará en el banquillo de los acusados. En un vértice del triángulo estará el lehendakari, Juan José Ibarretxe (PNV), y en el otro los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares, acusados los tres de cooperadores necesarios del delito de desobediencia cometido por cinco dirigentes de Batasuna -el tercer vértice del triángulo- por mantener reuniones en 2006, en plena tregua, pese a estar ilegalizados. Para entonces, Ibarretxe habrá disuelto la Cámara vasca y PNV y PSE estarán inmersos en una precampaña electoral en la que socialistas y nacionalistas pelearán a cara de perro por liderar el nuevo Ejecutivo vasco. Ibarretxe y López reaccionaron ayer con "tranquilidad" a la fijación de la fecha del juicio. Tanto López, como fuentes de la Presidencia vasca, reiteraron que "en las mismas circunstancias volverían a hacer lo mismo", informa Isabel C. Martínez.

El tribunal ha rechazado pedir las actas de la negociación entre ETA y el Gobierno relacionadas con los encuentros mantenidos en 2006 entre Batasuna y el PSE durante la última tregua. Las actas las custodia el centro suizo especializado en mediación Henri Dunant, que intervino en el fallido proceso de paz. El Foro Ermua, que actúa como acusación popular, había solicitado esta prueba, pero la Sala que preside el magistrado Manuel Díaz de Rábago la ha considerado no pertinente por estar relacionadas con "reuniones que no son las que constituyen el hecho que se imputa como criminal en esta causa". Es decir, los contactos secretos entre Batasuna y el PSE en los años previos al alto el fuego permanente de ETA de marzo de 2006 y las reuniones de los enviados del Gobierno y la organización terrorista para "conseguir que Batasuna pudiera actuar públicamente sin la restricción derivada de su ilegalización", según el Foro Ermua.

Por el contrario, ha dado luz verde a la petición de la defensa de Ibarretxe de que declaren en el juicio testigos de primera fila como el ex presidente del Gobierno José María Aznar; el actual, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Todos ellos pueden acogerse al derecho de declarar por escrito. Los letrados del lehendakari recuerdan que ambos presidentes "hablaron con ETA y con Batasuna". También declararán el sacerdote norirlandés Alec Reid, a petición de la defensa de Batasuna; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y uno de los pesos pesados del proceso: el presidente del PSE, Jesús Egiguren. Según la defensa del lehendakari, la idea es demostrar la "legitimidad del diálogo para acabar con la violencia". Lo que se va a juzgar son los encuentros con luz y taquígrafos que se produjeron entre tres dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, y el lehendakari el 19 de abril de 2006, así como el mantenido entre López y Ares con una delegación de la izquierda abertzale encabezada por Otegi el 6 de julio de 2006.

La fiscalía y las tres defensas de los seis imputados piden la absolución porque no desobedecieron la prohibición de actividades de Batasuna ordenada por el Tribunal Supremo. El Foro Ermua y Dignidad y Justicia solicitan penas de hasta cuatro años de cárcel y hasta tres de inhabilitación, según la defensa de Ibarretxe.