El fiscal da marcha atrás y sólo pide multa para seis vecinos que coaccionaron a gitanos

Las diligencias judiciales abiertas contra seis vecinos de Pontevedra implicados en las movilizaciones contra el realojo del colectivo gitano de O Vao en el barrio de Monte Porreiro (Pontevedra), en marzo pasado, quedarán en un juicio de faltas. Lo que en principio se interpretó por la propia Fiscalía de Pontevedra como un atentado contra los derechos fundamentales, en su versión de racismo, xenofobia y discriminación, se queda ahora el en una falta leve por coacciones, según la calificación del ministerio público.

Fuentes cercanas al caso explicaron que incluso se consideró la petición...

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Las diligencias judiciales abiertas contra seis vecinos de Pontevedra implicados en las movilizaciones contra el realojo del colectivo gitano de O Vao en el barrio de Monte Porreiro (Pontevedra), en marzo pasado, quedarán en un juicio de faltas. Lo que en principio se interpretó por la propia Fiscalía de Pontevedra como un atentado contra los derechos fundamentales, en su versión de racismo, xenofobia y discriminación, se queda ahora el en una falta leve por coacciones, según la calificación del ministerio público.

Fuentes cercanas al caso explicaron que incluso se consideró la petición de archivo de las diligencias por entender que no hay pruebas de un delito grave de coacciones y que "los manifestantes sólo mostraron su desacuerdo contra la decisión de la Administración" de ordenar el realojo de gitanos de O Vao. Ahora, a partir del informe del fiscal, será la titular del Juzgado número 1 de Pontevedra la que decida si cabe la apertura de juicio oral o acuerda sobreseer el caso. En el primero de los supuestos, la parte demandante, la Asociación Pueblo Gitano, podrá acusar a los seis demandados o desistir como acusación particular. De convocarse el juicio en los términos que propone el fiscal del caso, Benito Montero, la pena que conlleva la falta leve por coacciones contra las tres mujeres y los tres hombres que se sentarían en el banquillo es de 10 a 20 días de multa, lo cual supondría una cuantía de 200 euros para cada uno.

La decisión de la Fiscalía de Pontevedra se produce seis meses después de intensos conflictos vecinales cuando antiguos residentes en el poblado chabolista del de O Vao (Poio) fueron realojados en las calles Alemania y Portugal, en el citado barrio pontevedrés. El acoso obligó a los realojados a abandonar sus viviendas, que fueron durante días el blanco de múltiples daños y desperfectos. Para identificar a los presuntos culpables de los hostigamientos, la Fiscalía tuvo incluso que recurrir a los medios de comunicación, que fueron citados en el proceso.

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