"Cerca del estadio olímpico se torturó"
Nunca sabe uno lo que le puede conducir a su gran pasión. A Carlos Iglesias (Madrid, 46 años) fue un dolor de espalda mal curado. Harto de infiltraciones, masajes y medicamentos, este abogado de una multinacional española se cruzó en una feria de productos y terapias alternativas con un grupo de chinos que practicaba unos ejercicios parecidos al taichi y se puso en sus manos. El resultado, dice, "fue increíble". "En menos de 15 días desaparecieron todos mis problemas".
Los que los solucionaron resultaron ser miembros de Falun Gong, el movimiento de origen budista basado en la meditación...
Nunca sabe uno lo que le puede conducir a su gran pasión. A Carlos Iglesias (Madrid, 46 años) fue un dolor de espalda mal curado. Harto de infiltraciones, masajes y medicamentos, este abogado de una multinacional española se cruzó en una feria de productos y terapias alternativas con un grupo de chinos que practicaba unos ejercicios parecidos al taichi y se puso en sus manos. El resultado, dice, "fue increíble". "En menos de 15 días desaparecieron todos mis problemas".
Los que los solucionaron resultaron ser miembros de Falun Gong, el movimiento de origen budista basado en la meditación que el Gobierno chino persigue sistemática e implacablemente desde 1999. Primero le enseñaron sus técnicas curativas y después le contaron un infierno de maltratos policiales y encarcelamientos arbitrarios. Hasta que en 2003, Iglesias presentó en la Audiencia Nacional una querella contra el ex presidente Jian Zeming y otros altos cargos del Partido Comunista Chino (PCCh) por torturas y genocidio que investiga el juez Ismael Moreno.
"China está muy cerca para comerciar pero muy lejos para juzgar torturas"
Varios Gobiernos y 127 atletas pidieron a China el 8 de agosto, día de apertura de los Juegos, respeto
"Al principio me negaba a llevar el caso porque no tenía experiencia en derecho penal", cuenta Iglesias tratando de explicar cómo un hombre de empresa, con una vida más o menos convencional y sin militancia en causas de derechos humanos acaba llevando a los tribunales a uno de los gobiernos más poderosos del mundo. "Hasta que me presentaron a una mujer y a su hija de tres años. Mientras ella me contaba cómo asesinaron a su marido, la niña se me abrazaba y lloraba", prosigue. "Sentí que debía luchar con todas mis fuerzas para que esa injusticia se conociera".
Lo consiguió con una querella en la que se narran atrocidades y vejaciones como, por ejemplo, la confinación de miembros del movimiento religioso en campos de trabajo y reeducación. "Encerraban a gente durante días en celdas de un metro de altura y metían mujeres desnudas en prisiones masculinas donde sufrían violaciones", asegura Iglesias. "En el caso de uno de los firmantes de la querella, Zhao Ming, la tortura consistió en tirar a la vez de sus piernas y sus brazos para causarle un dolor insoportable", añade.
Por eso se avergüenza de que, por los recién terminados Juegos Olímpicos, hayan pasado las principales autoridades españolas. "El Gobierno, la familia real y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se han prestado al juego del PCCh, que sólo ha pretendido lavar su imagen tratando de asombrar con su enorme potencial económico, aunque el 70% de la población vive con menos de 150 euros al mes", prosigue. "A pocos kilómetros del estadio olímpico se ha torturado a miles de personas y los políticos lo saben. Prestarse a eso es bochornoso, falto de ética, una cobardía moral".
Lo mismo que los argumentos del fiscal, que casi consigue que se archive la causa hace ahora dos años. "Mantuvo ante el Tribunal Supremo y delante de las víctimas que España no podía juzgar este genocidio porque sólo tenía 'vínculos exóticos' con China, mientras los mandatarios más importantes de este país pasaban uno por uno por Pekín para incrementar las relaciones comerciales", señala. "China está muy cerca para hacer negocios, pero muy lejos para juzgar sus vulneraciones de derechos humanos".
Gracias a iniciativas como la de Iglesias, y la del Comité Español de Apoyo al Tíbet y su abogado, José Elías Esteve -que mantienen viva otra causa contra varios dirigentes chinos por el supuesto genocidio tibetano-, la Audiencia se ha convertido en el único tribunal que mantiene un proceso contra la represión en el gigante asiático. Pero el letrado de Falun Gong sabe que será difícil sentar a todos los dirigentes denunciados en el banquillo. "Lo que podemos conseguir, como en el caso Pinochet, es que se decreten órdenes internacionales de detención de manera que los supuestos genocidas queden inmovilizados en su país y, sobre todo, que se conozca lo que realmente está pasando en China".
A ese fin dedica ahora sus esfuerzos en su tiempo libre. "No busco dinero, porque las víctimas no lo tienen, pero luchar por su vida, su integridad y su libertad es apasionante". Una pasión que incluso le lleva a pagar de su propio bolsillo al procurador. La pasión por remediar la injusticia que le revelaron los que un día curaron su espalda.