El ajuste de la ley electoral tratará de no perjudicar a los nacionalistas
Nada sin el PP pero tampoco sin los nacionalistas. Esta es la máxima que presidirá toda regulación, modulación y cambio de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que las Cortes de 1985 aprobaron por unanimidad. Es verdad que la mayoría socialista sólo necesitaría siete votos para sacar adelante la reforma que estimara oportuna pero no quiere quedarse con tan exiguo apoyo. La reforma se quiere hacer con el PP pero sin limitar la presencia de los nacionalistas, a quienes se quiere involucrar al máximo en una política para toda España. Lo cierto es que el PP nunca ha llegado a plan...
Nada sin el PP pero tampoco sin los nacionalistas. Esta es la máxima que presidirá toda regulación, modulación y cambio de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que las Cortes de 1985 aprobaron por unanimidad. Es verdad que la mayoría socialista sólo necesitaría siete votos para sacar adelante la reforma que estimara oportuna pero no quiere quedarse con tan exiguo apoyo. La reforma se quiere hacer con el PP pero sin limitar la presencia de los nacionalistas, a quienes se quiere involucrar al máximo en una política para toda España. Lo cierto es que el PP nunca ha llegado a plantear por escrito una limitación de la presencia de los nacionalistas por la vía de exigir que obtuvieran como mínimo un 3% de los votos a nivel nacional, que es la demanda nítida de Rosa Díez (UPyD). El PP también es consciente de que los grupos nacionalistas son los que completan mayorías para gobernar. Por su parte, IU no quiere limitar la representación de los nacionalistas, pero sí que sus votos tengan una traducción en escaños en la misma medida que la tienen los nacionalistas. Estos tienen mucha más representación que IU con muchos menos votos.
El primer paso será escuchar al Consejo de Estado, al que el Gobierno solicitará en una o dos semanas, por acuerdo del Consejo de Ministros, que estudie una reforma para mejorar la representatividad y la proporcionalidad de la ley. El Gobierno pedirá al Consejo de Estado las posibilidades de cambio del voto de los españoles emigrantes, inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El sistema de voto por correo que llega a la circunscripción en la que el ciudadano esté censado presenta anomalías que se convierten en acusaciones de corrupción después de cada proceso electoral. Incluso sin irregularidades, el PSOE se pregunta si es normal que unos ciudadanos que nunca han estado en el pueblo, la ciudad o la provincia al que va su voto, pueden cambiar una mayoría. Se baraja la posibilidad de crear una nueva circunscripción, la 53, a la que irán todos los votos de los españoles en el exterior.