OPINIÓN

Obstrucción y fraude

El Tribunal Constitucional (TC) se estaba ganando a pulso la peligrosa fama de ser un teatro de luchas personales y conflictos políticos entre sus miembros, confusamente traducidos a la opinión pública como incomprensibles galimatías y complicados enredos. El rechazo esta semana de la admisión a trámite -por una desahogada mayoría de ocho votos contra dos- de la recusación presentada por el PP contra los magistrados Manuel Aragón, Pablo Pérez Tremps y Pascual Sala abre un margen de esperanza a la recuperación de los consensos transversales dentro del Constitucional fundamentados sobre argument...

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El Tribunal Constitucional (TC) se estaba ganando a pulso la peligrosa fama de ser un teatro de luchas personales y conflictos políticos entre sus miembros, confusamente traducidos a la opinión pública como incomprensibles galimatías y complicados enredos. El rechazo esta semana de la admisión a trámite -por una desahogada mayoría de ocho votos contra dos- de la recusación presentada por el PP contra los magistrados Manuel Aragón, Pablo Pérez Tremps y Pascual Sala abre un margen de esperanza a la recuperación de los consensos transversales dentro del Constitucional fundamentados sobre argumentos estrictamente jurídicos.

La explicación del auto dictado el pasado martes exige el tedioso recordatorio de una prehistoria colmada de maniobras y trapacerías. Un Pleno del TC formado sólo por 10 de sus 12 magistrados aceptó el 16 de octubre con débiles argumentos jurídicos -el voto de calidad del presidente en funciones, Vicente Conde, deshizo un sostenido empate a cinco- la abstención de la presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez, a cuenta de una pérdida de la apariencia de imparcialidad referida al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP el 27 de julio contra la reforma aprobada el 24 de mayo del artículo 16.3 de su ley orgánica (LOTC). La modificación consagra como norma la costumbre de una prórroga automática del mandato trienal de la presidencia hasta que se produzca la renovación -también trienal- del tribunal. La eventual inconstitucionalidad de esa reforma permitiría destituir a Casas y nombrar en su lugar a un sucesor afín al PP: el voto de calidad y las facultades para fijar la agenda concede al cargo una importancia estratégica decisiva.

El Constitucional rechaza por ocho votos contra dos la recusación de tres magistrados presentada por el PP

El Gobierno recusó el 19 de octubre a los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata con el argumento de que ambos habían comunicado por escrito el 22 de junio a la presidenta su "profunda discrepancia" con la reforma. El PP contraatacó el 26 de octubre con estilo trabucaire y fraudulento para impedir que un mermado pleno de ocho magistrados aceptase primero la recusación del Gobierno y convalidase después la reforma de la LOTC. La recusación obstruccionista contra Aragón, Pérez Tremps y Sala descansaba sobre una noticia falsa publicada ad hoc el 25 de octubre en el diario El Mundo y desmentida por los asistentes a la reunión del 12 de junio objeto del malicioso bulo. El propósito de la maniobra era paralizar el funcionamiento del TC privándole del quórum necesario de ocho magistrados.

Conde propuso por escrito el 31 de octubre a sus compañeros una gatera para eludir el bloqueo: un pleno de 10 magistrados que incluyera a todos los recusados. El barón de Münchhausen se salvó -con su caballo- de las aguas pantanosas tirándose de la coleta; pero el voto de García-Calvo y de Rodríguez-Zapata contra la inadmisión ad límine de la recusación del PP contra sus tres colegas hace sospechar que hubiesen preferido ahogarse juntos. -

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