Cerrada una perrera por el supuesto uso de paralizantes
El juzgado número 2 de Puerto Real ha ordenado el cierre cautelar de la perrera de la localidad tras la muerte en ocho meses de 566 animales, supuestamente, con fármacos paralizantes. La juez, que también ha inhabilitado al veterinario, fundamenta su decisión, principalmente, en las pruebas halladas por el Seprona.
El minucioso informe del Seprona, de 64 páginas, menciona la existencia de "53 ampollas de vidrio opaco vacías de diez mililitros del fármaco denominado Mioflex Braun 500". Este medicamento, un paralizante utilizado sólo durante operaciones complejas y en pequeñas dosis, fu...
El juzgado número 2 de Puerto Real ha ordenado el cierre cautelar de la perrera de la localidad tras la muerte en ocho meses de 566 animales, supuestamente, con fármacos paralizantes. La juez, que también ha inhabilitado al veterinario, fundamenta su decisión, principalmente, en las pruebas halladas por el Seprona.
El minucioso informe del Seprona, de 64 páginas, menciona la existencia de "53 ampollas de vidrio opaco vacías de diez mililitros del fármaco denominado Mioflex Braun 500". Este medicamento, un paralizante utilizado sólo durante operaciones complejas y en pequeñas dosis, fue el empleado para dar muerte a los perros y gatos en la perrera, según el testimonio de una veterinaria que asistió al sacrificio de un animal y la denuncia de El Refugio. Los Colegios de Veterinarios rechazan el uso de este producto en eutanasias porque el paralizante afecta a los músculos respiratorios y provoca la muerte por ahogamiento después de una larga agonía.
Inhabilitación
La juez ha decretado además la inhabilitación especial del veterinario para el ejercicio de su profesión o de cualquier otra que esté relacionada con animales domésticos. El auto no considera "convincentes" las respuestas de este imputado en el proceso: "Por un lado manifestó desconocer cuál es el principio activo de esta sustancia pero, por otro, manifestó aplicarla pos mortem como miorrelajante".
La perrera de Puerto Real mantiene aún contratos con ayuntamientos de Cádiz. Desde que se conoció la apertura de este proceso penal -el primero en España contra una perrera-, la Mancomunidad de Municipios de la Bahía trabaja para buscar alternativas a esta instalación. La última propuesta ha sido la de rescindir los contratos con la empresa procesada y crear un servicio de recogida de animales gestionado directamente por la Mancomunidad con la colaboración del Colegio de Veterinarios y de asociaciones proteccionistas.
El presidente de esta institución, Felipe Márquez, apuesta por alquilar los mismos terrenos que ahora ocupa la perrera para, más adelante, construir unas instalaciones propias.