La fiscalía pide nuevas pruebas en el 'caso Todolella'
Familias de las 18 víctimas criticaron la actitud del ministerio público
La fiscalía de Castellón ha remitido un escrito al juzgado de primera instancia número 3 de Vinaròs en el que solicita nuevas diligencias en la investigación por la muerte de 18 personas en el albergue de San Cristóbal de La Todolella, según anunció ayer la portavoz de la fiscalía, Mercedes Díaz. Las víctimas, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, fallecieron el 6 de febrero de 2005 por inhalación de monóxido de carbono, debido a la utilización de una estufa de uso industrial en una habitación cerrada y sin ventilación. El albergue no tenía la documentación en regla.
Hasta...
La fiscalía de Castellón ha remitido un escrito al juzgado de primera instancia número 3 de Vinaròs en el que solicita nuevas diligencias en la investigación por la muerte de 18 personas en el albergue de San Cristóbal de La Todolella, según anunció ayer la portavoz de la fiscalía, Mercedes Díaz. Las víctimas, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, fallecieron el 6 de febrero de 2005 por inhalación de monóxido de carbono, debido a la utilización de una estufa de uso industrial en una habitación cerrada y sin ventilación. El albergue no tenía la documentación en regla.
Hasta el momento, el juzgado ha tomado declaración al alcalde del municipio, ya que el ayuntamiento es el titular del albergue, así como a los dos únicos supervivientes de la tragedia, a los gerentes del establecimiento y a forenses y agentes que participaron en el levantamiento de los cadáveres y en la práctica de las autopsias. Además, se realizó una inspección ocular por parte de un perito designado por la acusación particular que representa a la asociación de familiares de las víctimas. Sin embargo, el juez rechazó la práctica de una prueba pericial que fuera elaborada por un técnico oficial.
Al margen de la posición del ministerio fiscal en el caso, los afectados han manifestado en alguna ocasión su "desánimo" por la actitud de la fiscalía a la que achacaron, por ejemplo, no haber acudido a los interrogatorios practicados. Los afectados, pese a saber que la presencia del ministerio público es potestativa, consideran que, tratándose de vidas humanas, "aunque fuera por ética, no debería faltar", tal como dijeron en su momento. Ahora, la fiscalía ha solicitado la práctica de más pruebas con el fin de proseguir con la investigación aunque, de momento, se desconoce en qué sentido están encaminadas.