Una juez no ve estafa en vender casas y no hacerlas
La promotora no tuvo intención de engañar, según el auto de archivo
Una juez de Málaga ha archivado la causa por estafa que abrió a la promotora grupo Mirador por la venta de unas viviendas en el año 2002 que cinco años después están sin construir y sin ninguna perspectiva de que se puedan hacer al no contar si quiera con licencia de obras.
En el auto de archivo, la juez Montserrat Cortés, titular del juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, sostiene que "es posible que el contrato civil que vincula a las partes adolezca de diversas irregularidades (cuyo estudio corresponde a la jurisdicción civil en su caso) pero no ha quedado acreditado la existenci...
Una juez de Málaga ha archivado la causa por estafa que abrió a la promotora grupo Mirador por la venta de unas viviendas en el año 2002 que cinco años después están sin construir y sin ninguna perspectiva de que se puedan hacer al no contar si quiera con licencia de obras.
En el auto de archivo, la juez Montserrat Cortés, titular del juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, sostiene que "es posible que el contrato civil que vincula a las partes adolezca de diversas irregularidades (cuyo estudio corresponde a la jurisdicción civil en su caso) pero no ha quedado acreditado la existencia de un engaño previo que haya producido error en las partes y le haya movido a a realizar desplazamiento patrimonial a favor de la promotora". En los contratos, firmados en noviembre de 2002, se hacía constar que las obras de la promoción Mirador de La Cala, en Rincón de la Victoria, "se están ejecutando".
El denunciante del caso, comprador de una de las viviendas, llegó a pagar 24.000 euros en varias cantidades pactadas como anticipo. Otros compradores afectados prefirieron pactar con la promotora una permuta en otras promociones, aspecto invocado también por la juez para rechazar que quepa imputar dolo al grupo Mirador.
La juez ha zanjado el caso con una regañina, pues en el auto de archivo sostiene que "cabe reprochar" al grupo Mirador "la impulsividad en la venta de viviendas y otros aspectos derivados de los propios contratos estipulados".
La magistrada atribuye además los retrasos a causas ajenas a la voluntad del grupo inmobiliario, al que llega a considerar "igualmente perjudicado". "Ha quedado acreditado que la propia promotora, en el momento de la venta de las diversas viviendas, no podía llegar a sospechar las vicisitudes sobrevenidas que el proyecto iba a sufrir hasta la obtención de la pertinente licencia de obras", entre las que cita problemas con los terrenos colindantes, las elevadas pendientes del suelo o las inundaciones de 2003.
Los responsables del Grupo Mirador alegaron que tras las inundaciones de marzo de 2003, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria redujo la edificabilidad del terreno.