ERC reaviva la sospecha de corrupción sobre la Generalitat

Xavier Vendrell afirma que los empresarios no se atreven a denunciar irregularidades en la Administración

La primera oficina antifraude que se creará en España, la de la Generalitat, comenzó ayer su tramitación parlamentaria. La ley echó a andar en 2005 en medio de la polémica del 3%, de supuestas comisiones de constructoras a la Generalitat en tiempos de Convergència i Unió. Y ahí sigue anclada.

Quien ayer volvió a invocar la polémica fue el ex consejero de Gobernación, Xavier Vendrell (ERC). "Las administraciones catalanas están bajo sospecha", dijo para defender que la corrupción puede seguir estando al orden del día.

"En más de una Administración, por parte de más de uno de los a...

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La primera oficina antifraude que se creará en España, la de la Generalitat, comenzó ayer su tramitación parlamentaria. La ley echó a andar en 2005 en medio de la polémica del 3%, de supuestas comisiones de constructoras a la Generalitat en tiempos de Convergència i Unió. Y ahí sigue anclada.

Quien ayer volvió a invocar la polémica fue el ex consejero de Gobernación, Xavier Vendrell (ERC). "Las administraciones catalanas están bajo sospecha", dijo para defender que la corrupción puede seguir estando al orden del día.

"En más de una Administración, por parte de más de uno de los administradores se han dado prácticas corruptas y algunos se han hecho de oro", aseguró el ex consejero y actual diputado. "Pero los empresarios no se atreven a denunciarlo por miedo a represalias", remachó.

Fue la bienvenida de la ley al Parlamento catalán. Voces de desaprobación recorrieron la bancada de CiU y del PP.

Vendrell, autor de las polémicas cartas en que ERC exigía dinero para el partido a trabajadores de la Generalitat, no se echó atrás. Conminó a los diputados a aprobar la oficina antifraude para evitar casos como los de las comisiones. "Ustedes y yo sabemos que hoy sigue habiendo empresarios que nos vienen a decir que no puede ser que las cosas vayan de esta manera", afirmó.

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La oficina antifraude será el organismo encargado de investigar posibles casos de uso irregular de fondos en las administraciones catalanas. Su campo de actuación para la detección y prevención de eventuales casos de corrupción será la totalidad del sector público catalán, integrado por la Administración autonómica y la local y los organismos y empresas públicas.

Con esta aprobación se cumple un compromiso que figuraba ya en el programa del anterior Gobierno de izquierdas, que no pudo aprobarse por el acortamiento de la legislatura.

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