La clase práctica de Del Valle

El principal imputado de 'Ballena Blanca' dice sufrir un juicio paralelo

El abogado Fernando del Valle, fue ayer protagonista -sin duda involuntario- del tercer Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña. Del Valle, principal implicado en la operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales, desarrollada en marzo de 2005, asistió como público a la charla "Juicios paralelos y presunción de inocencia", impartida por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga Ángel Rodríguez Díaz. Tras la intervención del ponente, centrada en el ámbito teórico, Del Valle pidió discretamente la palabra a la mesa. En tono suave, pero muy contunden...

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El abogado Fernando del Valle, fue ayer protagonista -sin duda involuntario- del tercer Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña. Del Valle, principal implicado en la operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales, desarrollada en marzo de 2005, asistió como público a la charla "Juicios paralelos y presunción de inocencia", impartida por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga Ángel Rodríguez Díaz. Tras la intervención del ponente, centrada en el ámbito teórico, Del Valle pidió discretamente la palabra a la mesa. En tono suave, pero muy contundente, tiró de experiencia personal para desarrollar una auténtica clase práctica sobre el impacto de los medios en la acción de la justicia.

"El juicio paralelo puede influir en el desarrollo del juicio en la sala, pero se produce un linchamiento mediático instantáneo en el que el linchado no tiene ocasión de defenderse", empezó Del Valle, cuyo despacho fue considerado por el juez Miguel Ángel Torres como eje de una trama que supuestamente blanqueó 250 millones de euros. Según él, la acción combinada de jueces, fiscalía y policía a la hora de informar a los medios de comunicación "vulnera todas las normas y derechos a la presunción de inocencia". Y puso un ejemplo: "¿Cómo se defiende la presunción de inocencia si cuando se organiza el registro de un despacho se hacen públicas las imágenes o se cita a los medios de comunicación para que lo presencien?", reflexionó.

Del Valle se quejó de "los jueces que estimulan la redacción de autos en los que no se protege la presunción de inocencia". Aunque esta denuncia no llevaba nombre propio, todos los asistentes vieron en ella una alusión clara al juez Miguel Ángel Torres, cuyas resoluciones, especialmente en la instrucción del caso Malaya, han generado numerosos titulares. La última andanada se la dirigió a los medios de comunicación, a los que acusó de "no investigar" y "limitarse a transmitir y dar por sentado las informaciones escandalosas que reciben" de jueces, policías y fiscales. La hija del abogado chileno, algo más nerviosa, acusó directamente a la prensa de "inventarse las historias".

Antes de la intervención de Del Valle, José Carlos Aguilera, abogado de la ex teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos, presente en numerosos programas de prensa rosa, aseguró que "corren malos tiempos para la presunción de inocencia", y acusó a los medios de comunicación de haberse convertido en "salas de juicios virtuales". No obstante, el letrado constató que "evidentemente, todos los operadores judiciales, incluidos los abogados, intentan instrumentalizar los medios de comunicación".

Aguilera se sumó a la reflexión lanzada por el catedrático Ángel Rodríguez sobre la "necesidad de una ley para la protección de la presunción de inocencia". Rodríguez sostuvo que "en sentido muy estricto la presunción de inocencia sólo puede ser alterada en el ámbito judicial, no en el extrajudicial", al que pertenecen los medios de comunicación. El constitucionalista puso como ejemplo la legislación francesa en esta materia, que, entre otras limitaciones, prohíbe publicar la imagen de detenidos esposados en la fase de instrucción.

El congreso de los abogados malagueños analizó también la figura del silencio administrativo, una de las tácticas supuestamente utilizadas por el anterior consistorio de Marbella para otorgar licencias contrarias al planeamiento urbanístico.

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