Siniestralidad laboral
El pasado 5 de julio tuvo lugar un accidente laboral en la planta de la cementera Holcim en Carboneras (Almería), con el resultado de la muerte de cuatro trabajadores y heridas muy graves en otros cuatro. Es un accidente más, que se suma a la larga cadena de trabajadores fallecidos por causas del trabajo en esta comunidad y en el resto del Estado. Pues bien, he observado que en cada ocasión en que se producen estas muertes surgen de inmediato numerosas declaraciones que intentan dar la impresión de que, sobre estas muertes y sus causas, existe una gran sensibilización; que políticos, jueces, f...
El pasado 5 de julio tuvo lugar un accidente laboral en la planta de la cementera Holcim en Carboneras (Almería), con el resultado de la muerte de cuatro trabajadores y heridas muy graves en otros cuatro. Es un accidente más, que se suma a la larga cadena de trabajadores fallecidos por causas del trabajo en esta comunidad y en el resto del Estado. Pues bien, he observado que en cada ocasión en que se producen estas muertes surgen de inmediato numerosas declaraciones que intentan dar la impresión de que, sobre estas muertes y sus causas, existe una gran sensibilización; que políticos, jueces, fiscales, empresas y sindicatos están actuando; sólo un cierto fatalismo impide que se invierta la tendencia. Es una impresión que, no tengo duda, puede ir acompañada de unos buenos deseos. Sin embargo, y pese a no tener duda de estas intenciones -tampoco dudo de las de mi vecino que me ha deseado un buen día, y mejor ni le cuento al volver- en la sociedad está instalada una sensación de fracaso. Y es así porque consta que los accidentes siguen creciendo, pese a la existencia de leyes de prevención y al mayor esfuerzo de sindicatos, empresas y políticos. Una sensación a la que acompaña otra de impunidad. No pasa nada, o pasa muy poco a los responsables, aunque los siniestros se produzcan por omisión de medidas de seguridad. Y así, en estos días de accidentes y como siempre, se han abierto las puertas a las declaraciones.
Hay otras que han coincidido, y que no deben mezclarse por cuanto se apartan de este hábito. Las ha realizado Juan Oña, fiscal de Sala coordinador en materia de accidentes de laborales. Destaca como una de las causas de siniestralidad laboral la precariedad en el empleo y la inmigración no regularizada. También, y como una de sus posibles soluciones, el establecimiento de una policía especializada en estas materias. Y la verdad es que pienso, y más aún siendo conocedor durante muchos años de la profesionalidad que ha guiado en su hacer diario a este fiscal, que muchas soluciones deben de abordarse desde esta óptica. Sin embargo este abordamiento, ni es bastante ni debe cegarnos otros análisis. Hoy contamos con un empleo menos precario, y los accidentes siguen aumentando. Hemos pasado de una inmigración ilegal a otra en la que la regularización ha frenado y ha impedido abusos y delitos contra los trabajadores, y la siniestralidad sigue creciendo. Hoy, el trabajador en general está más formado. Con estos datos, bajo estas circunstancias, y algunas más, hay que abrir otras líneas de respuesta. Tal vez, entre estas vías, están las de diferenciar entre prevención y accidentes ya causados. En cuanto a la prevención, cuidando que las medidas establecidas se apliquen realmente en las empresas (ese sistema que anuncia el fiscal Oña). También mediante la aplicación de las leyes en vigor. No es tanto, como se dice en muchas de declaraciones, la sensibilización de la sociedad como la aplicación de la ley por jueces y magistrados. Las leyes penales y sancionadoras existen, sólo es necesario que fiscales y jueces y funcionarios actúen.
No resulta entendible que se cuente con una plantilla de jueces y fiscales tan profesionales como para instruir operaciones tan complejas como la Malaya, Ballena Blanca y se tenga que aguardar a su conversión en especialistas para abordar temas que, en general, no tienen una gran complejidad. No es la sociedad en general, ni los trabajadores o sus familias quienes deben sensibilizarse -que también, sobre todo evitando que el percibo de indemnizaciones ayude a tapar responsabilidades penales- sino los responsables de aplicar las leyes, de forma que aquellos empresarios que las incumplan sean tratados como lo que son, como unos delincuentes, sin que el hecho de hacer frente a las indemnizaciones les haga merecedores de otro tratamiento. Este mejor tratamiento, cuando se da, sólo sirve de caldo de cultivo para que la sensación de impunidad siga extendiéndose, y no pueda ser evitada por unas leyes que sólo están sirviendo para acompañar en el sentimiento a ese cortejo fúnebre de muerte de trabajadores yute, de ser actuadas y exigidas, muchas muertes podrían evitarse.