La inspección imputa cuatro faltas muy graves a la juez que dejó un año en prisión a un absuelto
El Poder Judicial decide mañana si abre un expediente que podría suponer la expulsión
El Consejo General del Poder Judicial abrirá presumiblemente mañana expediente disciplinario a la titular del juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, por extender injustificadamente la estancia en prisión de tres presos a su cargo, uno de los cuales, José Campoy, permaneció 437 días encerrado tras haber sido absuelto por ella. La inspección del Poder Judicial estima que la juez ha cometido cuatro faltas muy graves: tres de desatención, en relación con los casos de esos tres reclusos, y una de ignorancia inexcusable de los deberes judiciales por el descontrol general ...
El Consejo General del Poder Judicial abrirá presumiblemente mañana expediente disciplinario a la titular del juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, por extender injustificadamente la estancia en prisión de tres presos a su cargo, uno de los cuales, José Campoy, permaneció 437 días encerrado tras haber sido absuelto por ella. La inspección del Poder Judicial estima que la juez ha cometido cuatro faltas muy graves: tres de desatención, en relación con los casos de esos tres reclusos, y una de ignorancia inexcusable de los deberes judiciales por el descontrol general de los presos. Podrían suponerle la expulsión de la profesión, la suspensión o, como mínimo, su traslado.
Negligencias de la juez hicieron que otros dos presos estuvieran un mes de más en la cárcel
Los miembros de la comisión disciplinaria del Consejo son partidarios de abrir expediente disciplinario. El descuido más escandaloso es el relacionado con José Campoy, un toxicómano enviado a prisión preventiva acusado de un tirón en diciembre de 2005. El 10 de enero de 2006, la juez lo absolvió del delito por falta de pruebas, consignando en la resolución que el reo se encontraba en libertad, aunque en los autos constaba su mandamiento de prisión y la puesta a disposición del juzgado enviada por el centro penitenciario donde fue internado.
Sin embargo, Campoy salió de la cárcel un año, dos meses y 16 días después porque la juez olvidó enviar a la cárcel la orden de que lo excarcelaran. Un educador del centro descubrió el error después de que el propio preso le mostrara la sentencia.
Otro de los presos privado irregularmente de su libertad fue un acusado de maltrato familiar condenado a siete meses de prisión por Entrena. El presunto maltratador recurrió a la Audiencia de Granada y cuando había cumplido más de la mitad de su condena -el tiempo máximo que se puede permanecer en prisión sin sentencia firme-, la cárcel preguntó al juzgado "en qué calidad" se encontraba ingresado en prisión. A pesar de ello, la juez no liberó al preso hasta que pasaron 35 días desde que cumplió su pena. Otro preso pasó en prisión 38 días más de los que establecía la condena.
La propuesta de apertura de expediente redactada por el servicio de Inspección del Consejo, que los vocales estudiarán mañana, considera que "no se han ejercido por la magistrada señora Entrena las competencias que le correspondían, dejando de observar y cumplir las reglas y obligaciones imprescindibles al ejercicio de la potestad jurisdiccional". "Se ha omitido la diligencia que en todo caso resultaba imprescindible", continúa la propuesta, "al tratarse de unas decisiones que afectaban a un derecho fundamental como es la libertad".
Los inspectores comprobaron además que el libro de presos preventivos del juzgado de Entrena -el registro donde se contabiliza el tiempo que permanecen en prisión- se mostraba como un "elemento inútil para el control de este tipo de causas". Campoy y otro de los internos injustamente encarcelados ni siquiera constaban en él, lo que, según la propuesta, "supone la falta de adopción de las más mínimas cautelas legales necesarias para dar cumplimiento al deber judicial del control de la privación de libertad". Por ello le imputan una cuarta falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento del deber judicial.
El documento propone que se envíe la investigación disciplinaria a la Fiscalía General del Estado, a la Inspección Fiscal, al Ministerio de Justicia, al Colegio de Abogados de Granada y a la consejería andaluza de Justicia e Instituciones Penitenciarias para que valoren las actuaciones del fiscal, la secretaria judicial, el abogado, los funcionarios del juzgado y el centro penitenciario de Albolote. También pide que se mande a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "por si de los hechos descritos (...) se pudiera derivar responsabilidad penal de la magistrada". Esa fiscalía ya se ha querellado contra la juez por el caso de Campoy, causa por la que Entrena fue suspendida provisionalmente de sus funciones.