El estallido de las otras burbujas
LA HIPÓTESIS de un estallido de la burbuja inmobiliaria acentúa aún más, si cabe, la necesidad de que otros componentes de la productividad funcionen bien. Uno de ellos es el capital tecnológico, lo que se denomina la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Como se sabe -y así se exponía blanco sobre negro en el Programa Nacional de Reformas que está vigente-, España presenta un considerable retraso en materia de I+D+i, tanto en lo que se refiere a la inversión total en relación al PIB como a la participación empresarial de esta inversión (el 63% del total es pública).
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LA HIPÓTESIS de un estallido de la burbuja inmobiliaria acentúa aún más, si cabe, la necesidad de que otros componentes de la productividad funcionen bien. Uno de ellos es el capital tecnológico, lo que se denomina la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Como se sabe -y así se exponía blanco sobre negro en el Programa Nacional de Reformas que está vigente-, España presenta un considerable retraso en materia de I+D+i, tanto en lo que se refiere a la inversión total en relación al PIB como a la participación empresarial de esta inversión (el 63% del total es pública).
Paliar este retraso devino uno de los ejes de la política económica. Los objetivos de ese programa consistían en pasar del 1,05% del PIB en inversión en I+D en 2003 al 1,6% en 2008 y al 2% en 2010, y en incrementar la contribución del sector privado, pasando del 48% del total en 2003 al 52,5% en 2008 y al 55% en 2010. Para conseguirlo, el Gobierno amplió las partidas presupuestarias de los años 2005 y 2006 más de un 25%, lo que es un notable esfuerzo.
El presupuesto en I+D+i ha crecido cada uno de los dos últimos años más del 25%. Notable esfuerzo, pero ¿están preparadas las instituciones que reciben el dinero para gestionarlo con eficacia?
Conozco alguna institución pública que habiendo recibido nuevos recursos no ha sido capaz de invertirlos, ni mucho menos, en su totalidad, lo que manifiesta un problema de gestión: una vez que aumenta el dinero, ¿existen mecanismos, instituciones y normas precisas para invertirlo con eficacia?
En este punto rindamos un homenaje al que será nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, que en la otra vida, antes de dedicarse a menesteres relacionados con los mercados bursátiles, escribió un artículo titulado La evaluación de las políticas públicas: instituciones, incentivos y regulación (EL PAÍS, 11 de junio de 2004) cuya tesis es que antes de aumentar el gasto público en áreas como educación, investigación o infraestructuras hay que revisar los objetivos que se persiguen [se está elaborando un nuevo Plan Nacional de I+D+i], el diseño de las instituciones que van a administrarlo y las normas regulatorias.
En dicho texto se ponía un ejemplo que viene al caso: antes de tratar de gastar el 2% del PIB -en vez del 1%- en I+D+i para alcanzar la media de la Unión Europea (o del 3% para igualarnos a EE UU), sería mejor preguntarnos por qué en Francia por cada euro de gasto público hay 1,8 de gasto privado y en España sólo 1,2. Es cierto que el gasto privado depende en buena medida de la composición de la industria, pero esta diferencia ¿no se deberá también a que los criterios para decidir en qué se gasta se fijan de forma distinta?, ¿a que las relaciones entre el sector público y las empresas son diferentes?; ¿será que el reparto de riesgos en las acciones concertadas es distinto?, ¿o que el retorno de investigadores formados en el extranjero no es el mismo? Segura propone evaluaciones antes y después como elementos fundamentales de disciplina de gasto y de transparencia, pues lo que no se evalúa, se devalúa.
El Programa Nacional de Reformas indica que el déficit investigador de las empresas españolas implica que éstas no desarrollan conocimiento propio, y que además existe un escaso aprovechamiento del conocimiento que generan los centros públicos de investigación. Un síntoma de ese déficit es que las empresas residentes en España solicitan diez veces menos patentes por millón de habitantes que la media de la UE-25. Por ello es fundamental desarrollar actuaciones que potencien la colaboración pública-privada en I+D.
Otro de nuestros sabios, el catedrático de Economía Andreu Mas-Colell, explicaba recientemente que no hay suficiente transferencia de conocimiento entre empresa y universidad. Y remataba esa opinión con tres matizaciones muy significativas: tal vez no tengamos demasiado conocimiento que transferir, las estructuras organizativas tienen que facilitar esa transferencia, y las empresas deben ser receptivas y capaces de atraer el conocimiento.