Dos jueces resuelven de forma contraria ante la orden del Gobierno valenciano de cierre de TV-3

La misma cuestión ha sido resuelta de forma antagónica por dos jueces. El Gobierno valenciano pidió amparo en las tres provincias para poder entrar en las sedes de los repetidores de TV-3 y cancelar la emisión en cumplimiento de un expediente sancionador por ocupar una frecuencia sin licencia, expediente contra él que se ha recurrido. La juez de Valencia ha denegado la petición del Gobierno. En su resolución, prevalecen el derecho a comunicar y a recibir información por cualquier medio de difusión. El juez de Alicante no entra en la cuestión y da cobertura a las aspiraciones del Consell valenc...

La misma cuestión ha sido resuelta de forma antagónica por dos jueces. El Gobierno valenciano pidió amparo en las tres provincias para poder entrar en las sedes de los repetidores de TV-3 y cancelar la emisión en cumplimiento de un expediente sancionador por ocupar una frecuencia sin licencia, expediente contra él que se ha recurrido. La juez de Valencia ha denegado la petición del Gobierno. En su resolución, prevalecen el derecho a comunicar y a recibir información por cualquier medio de difusión. El juez de Alicante no entra en la cuestión y da cobertura a las aspiraciones del Consell valenciano.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), propietaria de los repetidores que difunden la señal de la televisión catalana en el territorio valenciano, se felicitó en la mañana de ayer por la decisión de la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia. Tanto la abogada de ACPV, Mercè Teodoro, como el presidente de la entidad, Eliseu Climent, instaron al Gobierno valenciano a desistir de cerrar TV-3 y a alcanzar un acuerdo con la Generalitat de Cataluña como un primer paso que facilite que las cadenas se vean en todo el territorio, incluidas las islas Baleares.

Pocas horas después, el escenario era otro. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante había decidido lo contrario: autoriza al Gobierno valenciano a entrar en las dependencias de la sierra de la Carrasqueta para que cumpla el expediente sancionador abierto por por emisiones sin licencia. El magistrado se limita en su auto a comprobar que el procedimiento se ha ido cumpliendo y que no existe situación de riesgo ni de vulneración de derechos en la petición de entrada en una propiedad privada cumpliendo con una resolución administrativa. El juez no entra en el fondo de la cuestión. De hecho, no conoce las alegaciones de ACPV porque no le dio oportunidad a discutir la petición. El procedimiento no obliga a ello. Sin embargo, la juez de Valencia sí lo hizo. El auto dictado por el magistrado de Alicante concede al Gobierno valenciano un plazo de 10 días para ejecutar la suspensión de las emisiones, plazo que empezó a contar desde el 23 de abril, cuando la resolución fue notificada al Consell. Contra ella cabe recurso, aunque no paraliza la suspensión de las emisiones si el Gobierno valenciano así lo decide, salvo que se presente por vía urgente y argumentando perjuicio irreparable.

Mientras, los gobiernos valenciano y catalán mantienen sus posiciones en torno a la cuestión. El secretario general de medios de comunicación de la Generalitat de Cataluña, Albert Sáez, manifestó ayer que las conversaciones con el Gobierno valenciano para que las emisiones de TV-3 no se interrumpan prosiguen con la base de llegar a un acuerdo de "reciprocidad y legalidad". Sáez afirmó que desde el Ministerio de Industria se les garantizó el pasado lunes que si se llega a un acuerdo se habilitaría el medio para que las emisiones de TV-3 en territorio valenciano lleguen cumpliendo la legalidad. El Gobierno valenciano aduce que en caso de acuerdo, ellos no disponen de un segundo multiplexado como tiene la televisión catalana para ofrecer un canal a través del que difundir la señal de TV-3.

La Generalitat catalana considera que llegar a un acuerdo dependerá, en última instancia, de la coyuntura política y que en ningún caso frenarán el proceso de elaboración de la ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que permitirá a la radio y televisión públicas tener autonomía con respeto al Gobierno, para llegar a un acuerdo, en referencia a la petición del Consell sobre la nomenclatura del territorio valenciano usada por TV-3. Fuentes del Gobierno valenciano insistieron ayer en esta cuestión: la televisión catalana debe renunciar a la utilización del término País Valenciano y añadieron: "No tenemos ninguna frecuencia por la que pueda emitir TV-3; se ha pedido un multiplexado para hacerlo posible, pero el ministerio no lo ha concedido".