El barullo de la vivienda
En la entrevista televisiva a cien bandas a la que se sometió el presidente Zapatero me sorprendió, no la anécdota del café, sino la ponderada respuesta ante la insistente demanda de un chaval de 19 años que quería a toda costa comprar un piso. Prudente, Zapatero contestó con una alusión al esfuerzo del Gobierno por habilitar apartamentos de alquiler. Para mi gusto, debía haber sido más terminante. Una sociedad donde la máxima aspiración de una persona de esa edad es ser propietario de un piso no es razonable. Se confunde el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada c...
En la entrevista televisiva a cien bandas a la que se sometió el presidente Zapatero me sorprendió, no la anécdota del café, sino la ponderada respuesta ante la insistente demanda de un chaval de 19 años que quería a toda costa comprar un piso. Prudente, Zapatero contestó con una alusión al esfuerzo del Gobierno por habilitar apartamentos de alquiler. Para mi gusto, debía haber sido más terminante. Una sociedad donde la máxima aspiración de una persona de esa edad es ser propietario de un piso no es razonable. Se confunde el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada con el de su posesión en propiedad.
La inexistencia de un mercado ágil de alquiler y los hasta ahora bajos tipos de interés han arrastrado a la ciudadanía en masa a la compra de viviendas. El oxímoron de moda es el del propietario hipotecado. Esta condición va a mantenerla de por vida, la trasladará seguramente a sus herederos y acaso repercutirá, con efecto retroactivo, sobre muchos padres que, comprometidos a la ayuda sistemática, no podrán disfrutar de una tranquila jubilación. Cuando el titular de la deuda se proponga cambiar de vivienda porque necesita más superficie advertirá que el entorno también ha subido y se verá abocado a relegarse a la última corona metropolitana, sin tiempo siquiera para evaluar los gastos que le van a generar los desplazamientos y la disponibilidad de servicios. Evidentemente, la baja natalidad tiene algo que ver con todo esto.
La cuestión de fondo es que so capa del problema de la vivienda se encubre un negocio inmobiliario producido por el incremento del precio del suelo, del que se benefician fundamentalmente los propietarios de terrenos, los promotores y, en su caso, la administración. Los ciudadanos se ven obligados a introducirse en el juego y convertirse en operadores de suelo sui géneris, viviendo con ansiedad la evolución del mercado inmobiliario.
Tan pronto adquirimos una vivienda mediante una hipoteca rogamos que el precio suba lo suficiente como para que la operación resulte rentable en relación con el tipo de interés, pues su valor de uso tiende a depreciarse. Más que espacio para habitar, lo que compramos y vendemos son acciones de suelo, es decir, la repercusión del suelo sobre el precio de cada metro cuadrado de vivienda. Salvo a los que no las tienen, y que cada día lo ven más difícil a medida que se calientan mutuamente la oferta y la demanda, a nadie le interesa que esas acciones vayan para abajo.
Desde el lado de la economía, y también en amplios sectores de la política, se piensa que el mercado puede llegar a satisfacer todas las necesidades construyendo cada vez más habitáculos, por eso no se ve necesario abordar estudios serios sobre la demanda residencial por edades, tipos de familia, sectores. Es decir, no se fija la dimensión del objetivo constitucional y de esa manera se confunde el negocio con el problema de la vivienda.
En este barullo general da la sensación de que lo único importante es el tema de la vivienda y parecen olvidarse aspectos sustanciales vinculados al planeamiento, como la calidad de los espacios públicos, la localización de los equipamientos y dotaciones, la resolución de los conflictos de movilidad, etcétera. Este tipo de reivindicaciones ha desaparecido del mapa. Para satisfacer una demanda que parece insaciable se siguen diseñando planes generales con cantidades inmensas de suelo apto para urbanizar, muy por encima de las expectativas demográficas, y así sólo se consigue calentar el suelo de todos los municipios y fomentar la especulación.
Sin embargo, al parecer el mercado empieza a desacelerarse. En las grandes áreas de Madrid y Barcelona aparecen ya síntomas de contención e incluso disminución de precios. Si es así, cabe preguntarse qué va a pasar con los propietarios hipotecados a la hora de cotizar la mensualidad por unos pisos que pudieran depreciarse, probablemente tasados en exceso y con un Euribor más alto que el pactado en un principio.
A pesar de que la política económica está basada en gran medida en el auge inmobiliario, me parece bueno que el mercado se enfríe para introducir racionalidad, que se estudie la fórmula para aterrizar con suavidad y, algo primordial en mi opinión, que se vuelva a insertar vivienda y planeamiento, un planeamiento hecho con rigor y limpieza administrativa al lado de una política de alquiler pensada y diseñada con los ayuntamientos, para unos jóvenes y no tan jóvenes que no pueden, ni deben, empeñarse de por vida en la compra de una vivienda.