El PP intenta frenar un viaje de eurodiputados para comprobar denuncias urbanísticas
La delegación irá a Galapagar, Torrelodones, Moralzarzal, Las Rozas y Rascafría
Los eurodiputados por el Partido Popular Carlos Iturgaiz y Salvador Garriga pidieron ayer que la delegación del Parlamento Europeo que viajará esta semana a Almería, la Comunidad Valenciana y Madrid suspenda la visita a esta última comunidad por las "irregularidades" que han incurrido en el caso. La visita de diputados europeos había sido solicitada por diversas asociaciones de ciudadanos de varias localidades de estas comunidades para que las instancias europeas tomaran medidas ante los casos de infracciones urbanísticas que se estaban produciendo.
En la región, la Comisión tiene previ...
Los eurodiputados por el Partido Popular Carlos Iturgaiz y Salvador Garriga pidieron ayer que la delegación del Parlamento Europeo que viajará esta semana a Almería, la Comunidad Valenciana y Madrid suspenda la visita a esta última comunidad por las "irregularidades" que han incurrido en el caso. La visita de diputados europeos había sido solicitada por diversas asociaciones de ciudadanos de varias localidades de estas comunidades para que las instancias europeas tomaran medidas ante los casos de infracciones urbanísticas que se estaban produciendo.
En la región, la Comisión tiene previsto visitar especialmente Galapagar, pero también Torrelodones, Moralzarzal, Las Rozas y Rascafría.
El vicepresidente de la Comisión de Peticiones, el diputado laborista británico Michael Cashman, manifestó ayer a EL PAÍS que estaba "muy triste, porque el PPE [Partido Popular Europeo] ha intentado impedir que se realice esta visita". El parlamentario europeo señaló que "ya se habían concertado encuentros con funcionarios, políticos y miembros de asociaciones civiles" para recoger sus preocupaciones, y que no tenía sentido el aplazamiento.
Cashman censura los retrasos que ha promovido el PPE, y se pregunta: "¿Qué tienen que esconder? ¿De qué tienen miedo?". Y precisó que la misión se efectuará igualmente, porque ha sido "aprobada por el Buró y el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Poettering".
La puesta en marcha de la misión, que venía registrando numerosos obstáculos y atrasos, se desatascó por la intervención del eurodiputado socialista, Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento, en la reunión de la mesa del mismo. El PPE ha rechazado participar.
Salvador Garriga, eurodiputado por el PP, manifestó ayer que existían varias razones que justificaban la petición de suspensión de la visita en Galapagar. "El asunto no ha sido discutido en la Comisión de Peticiones; en segundo lugar, el plan general de Galapagar no está aprobado y, en tercer lugar, tampoco se precisan las otras áreas donde se debe realizar la visita".
Garriga añadió que en el caso de Madrid, la Comisión sólo iba a estar formada por un diputado, Michael Cashman, debido a que su presidente, el polaco Marcin Libicki, del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, no podía asistir a la visita prevista para el sábado, que es "además cuando las oficinas de la Administración están cerradas".
Carlos Carnero, eurodiputado socialista madrileño, señaló que precisamente el sábado es "el día que los miembros de las asociaciones de vecinos, entidades cívicas y partidos políticos como el PSOE tienen más facilidades para participar en estas actividades".
Carnero recordó que en Galapagar se había convocado una asamblea de afectados para exponer sus inquietudes y facilitar toda la información disponible a los representantes de la Eurocámara sobre la situación del "urbanismo salvaje". "Con su oposición, el PP está torpedeando el derecho de petición de los ciudadanos madrileños. Si no tuvieran nada que ocultar, recibirían a la Comisión con los brazos abiertos", criticó el eurodiputado socialista. Antes de ir a Madrid, la misión visitará primero Albox y el valle de Almanzora, en Almería, y, después, Jávea, Benicàssim, Torrevieja y Oropesa, entre otras localidades, en la Comunidad Valenciana.
El informe que realice la misión puede contribuir a acelerar la actuación de la Comisión Europea, que deberá pronunciarse sobre el caso y abrir expedientes si se detectan irregularidades.
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