Desalojados por una vieja deuda del asilo

Teo está muy preocupado por Carmen. Teme que deje de comer si les echan del asilo y les separan. La anciana, que lleva más de cuatro años en la residencia, sólo accede a abrir la boca si es él quien le da la comida. Con 66 años, Teo es uno de los internos más jóvenes, mientras que el mayor de los 17 ancianos que viven en la residencia geriátrica Margarete de Pozuelo de Alarcón está a punto de cumplir 95.

Casi todos han pasado ya los 80 y se desplazan en silla de ruedas. Cinco necesitan atención constante y no pueden valerse por sí mismos sin la ayuda de las cuidadoras. Pero desde hoy te...

Teo está muy preocupado por Carmen. Teme que deje de comer si les echan del asilo y les separan. La anciana, que lleva más de cuatro años en la residencia, sólo accede a abrir la boca si es él quien le da la comida. Con 66 años, Teo es uno de los internos más jóvenes, mientras que el mayor de los 17 ancianos que viven en la residencia geriátrica Margarete de Pozuelo de Alarcón está a punto de cumplir 95.

Casi todos han pasado ya los 80 y se desplazan en silla de ruedas. Cinco necesitan atención constante y no pueden valerse por sí mismos sin la ayuda de las cuidadoras. Pero desde hoy tendrán que salir de allí, y hacerlo antes de tres días, por una vieja deuda de la dirección que concluye con una orden de desalojo.

Algunas familias aún desconocen el centro que les ha asignado la Comunidad de Madrid

"No quiero irme, no estaré mejor en ningún otro sitio", explica uno de los residentes

Teo, que se mueve en una silla de ruedas por una operación de hernia mal resuelta hace 30 años, ayuda a las cuidadoras a poner y quitar la mesa, hace chapuzas en el jardín y se encarga de Carmen, entre otras ocupaciones. "Ella no querrá comer nada y seguro que tendrán que alimentarla con sonda si yo no estoy a su lado", explicaba ayer el hombre con un nudo en la garganta.

"No quiero irme, aquí siempre tengo algo que hacer, no creo que esté mejor en otro sitio", añadió a los pies de su cama. En la planta baja, los demás ancianos pasaban ayer la tarde mirando la tele en el salón mientras algunos de los familiares discutían en uno de los despachos para encontrar una solución.

El edificio de tres plantas con patio y jardín, situado en el número cinco de la calle de Juan Díaz Mula, debe quedarse vacío antes del miércoles por orden judicial, aunque la mayoría de los familiares y los ancianos no conocen aún el lugar exacto donde serán trasladados.

"Nos avisaron hace unos días de que saldrían de aquí, se los empiezan a llevar mañana [por hoy] y ni siquiera nos han aclarado dónde", explicaba indignada Julia, la sobrina de Teo.

Su tío es uno de los seis ancianos cuyo traslado está previsto esta mañana. Son los que han tenido peor suerte, porque serán trasladados a una residencia temporal de la Comunidad de Madrid, donde pueden permanecer un máximo de tres meses. Pasado ese periodo, cada familia tendrá que buscar por su cuenta para encontrarles una nueva plaza geriátrica.

"Mi madre lleva más de 40 años dedicada a este centro, sólo pedimos que les busquen un buen acomodo a todos, que se hagan cargo de ellos y atiendan a sus necesidades", explica Paloma Oteo, la hija de la directora, Luisa, que lleva toda la mañana lamentándose, sin parar de fumar. Paloma nació en ese edificio hace 35 años. Desde entonces, también ha sido su casa.

Las familias de los seis ancianos destinados a una residencia temporal denunciaron ayer en la comisaría de Pozuelo a los servicios sociales municipales, porque consideran que no les facilitaron toda la información y se sienten engañados.

"A mí me llamaron pidiéndome que firmara el consentimiento y me aseguraron que el resto lo había hecho ya, pero era mentira", explica Fidel, hijo de otra interna.

María, que tiene en el geriátrico a su esposo, estaba muy nerviosa. "Me pidieron que lo firmara en blanco, sin rellenar nada, y me amenazaron con plantar a mi marido en la puerta de mi casa si no lo hacía", asegura.

El documento en el que se niegan a poner sus nombres les compromete a dejar la plaza de la nueva residencia libre "en la fecha de finalización del periodo concedido" por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. También a facilitar la medicación que necesiten los ancianos y acompañarlos al hospital cada vez que sea necesario.

Una portavoz de la Consejería explicó ayer que el desalojo de Pozuelo es un asunto "estrictamente privado" que deben resolver entre la dirección del centro y el nuevo propietario del inmueble. Para no dejar a los ancianos en la calle, los servicios sociales regionales se han hecho cargo de la distribución de los residentes entre centros permanentes y temporales. El reparto se realiza en función de un baremo que analiza aspectos como la renta familiar, entre otros. La portavoz aclara que el hecho de que algunos desconozcan el destino al que van es porque aún se les está buscando acomodo.

La historia que está a punto de concluir con un desalojo comenzó con una deuda hipotecaria de 2.400 euros que la directora del Margarete no pudo pagar en 1986 a Ibercaja, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Se inició un juicio en Zaragoza y el inmueble salió a subasta pública. La Caja de Zaragoza se hizo con el terreno por 216.364 euros. En 1999, el juzgado decretó que el edificio tenía que pasar a manos del banco que lo había adquirido. Las gestoras de la residencia presentaron diversos escritos que fueron desestimados y en abril de 2004 se ordenó por primera vez el desalojo del centro geriátrico.

En aquella ocasión no llegó a producirse el desalojo porque ambas partes acordaron que la directora comprara el edificio. Su hija asegura que lo tasaron en 798.000 euros, que estaban dispuestas a abonar. Pero el acuerdo nunca se cerró y finalmente el inmueble salió a subasta. Ahora pertenece a un empresario que no está interesado en el geriátrico, rodeado de modernos chalés.

"Cuando mi madre se enteró de que lo habían vendido sin consultarnos, le dio un infarto", recordaba ayer Paloma Oteo. "¿Quién se preocupa de los ancianos? Lo que buscan las administraciones es quitárselos de encima cuanto antes, sin preocuparse de cómo les va a afectar todo esto", añadió molesta.

Julia, la madre de Fidel, también tendrá que mudarse mañana y será trasladada a un centro temporal después de pasar dos años en la residencia. Ella descansa en su habitación mientras su hijo explica cómo vive. Tiene que acudir al hospital cada dos días para someterse a una diálisis "que la deja destrozada", según Fidel. Esos días se levanta a las seis de la mañana y una hora más tarde la recoge la ambulancia. Su consuelo es que acude con otra anciana del asilo y "juntas se dan fuerza", explica el hijo.

"Esta mañana me han pedido que no las separen pero les he dicho que no depende de mí", añade. Hace 15 días quisieron ingresar a Julia, que pidió que la dejaran en el asilo. "Quiero quedarme en casa", comentó. "Sólo reclamo que le den una plaza a mi madre en un sitio tan bueno como éste, no estoy pidiendo la luna", añade Fidel.

Las familias y las cuidadoras metían ayer las pertenencias de los residentes en sus maletas. Ninguno esperaba enfrentarse a una nueva mudanza a estas alturas. Oteo intentó explicar medio enfadada el estado de ánimo de los ancianos: "Están todos desorientados y nerviosos, no saben lo que les va a pasar a partir de ahora, ¿cómo te sentirías si te echaran de tu casa de buenas a primeras a los 80 años?".