"Estamos estudiando si en la Ciudad de la Justicia pueden hacerse cambios funcionales"

Montserrat Tura (Mollet, 1954) aterrizó en el Departamento de Justicia días después de mostrar en público su disgusto porque dejaría de ser consejera de Interior. La ex alcaldesa de Mollet lamentó incluso que esa cartera no siguiera en manos del PSC, lo que molestó profundamente al presidente José Montilla. Pasada la polémica, Tura evidencia que ya ha cambiado de registro y ahora prosigue su inmersión en un área que le era muy desconocida.

Pregunta. ¿Todavía está enfadada porque no siguió en Interior?

Respuesta. No acepto que se diga que estoy enfadada. Con las elec...

Montserrat Tura (Mollet, 1954) aterrizó en el Departamento de Justicia días después de mostrar en público su disgusto porque dejaría de ser consejera de Interior. La ex alcaldesa de Mollet lamentó incluso que esa cartera no siguiera en manos del PSC, lo que molestó profundamente al presidente José Montilla. Pasada la polémica, Tura evidencia que ya ha cambiado de registro y ahora prosigue su inmersión en un área que le era muy desconocida.

Pregunta. ¿Todavía está enfadada porque no siguió en Interior?

Respuesta. No acepto que se diga que estoy enfadada. Con las elecciones, todas las personas que teníamos responsabilidad dejamos de tenerla y yo estuve hasta el 29 de noviembre en funciones. Es bueno aceptar que los cargos son temporales y efímeros. Otra cosa es que crees equipos sólidos y trabajes bien y te sepa mal desmontar equipos y hacer maletas. Enfadada, enfadada no he estado nunca.

"Es inaceptable que la dependencia de la justicia de varios poderes sea la excusa para no ponernos entre todos y mejorar lo que sea mejorable"

"El Estatuto no lo arregla todo, sólo sienta las bases para que el Estado y la Generalitat lleguen a acuerdos distintos a los que se han producido"

"Mi idea de la justicia de proximidad es que haya juzgados resolutivos y no que se colapse más la ya colapsada Administración de Justicia"

P. ¿Pero le habría gustado continuar?

R. Han sido tres años muy intensos en los que hemos puesto en marcha muchos proyectos y algunos se han quedado en fase inicial, pero no tengo ningún derecho a reclamar eso.

P. Se ha dicho que entró en el Gobierno en el último instante.

R. Eso se lo debería preguntar al presidente, que es quien nombra el Gobierno. Lo que puedo decir es que hablé con él durante aquellos días y no en el último minuto.

P. Algunos sectores de la judicatura afirman en privado que una doctora no puede ser una buena consejera de Justicia porque no es jurista.

R. ¿Se ha de ser ingeniero de caminos para ser consejero de obras públicas, o pedagogo para serlo de enseñanza o médico para ser consejero de Sanidad? Una cosa es el ejercicio del Derecho, que eso sí que requiere una titulación, y otra, organizar el servicio público de justicia para todo el mundo, que es un cargo político que requiere tener claras unas cuantas ideas.

P. En su primera conferencia reclamó con firmeza la justicia como un servicio público, una opinión que no comparten amplios sectores de la judicatura.

R. Sí, pero no dejaré de insistir. Es obligación de todos los profesionales de los que depende un proceso judicial entender que están prestando un servicio y que lo han de hacer de la mejor forma posible. Si nos olvidamos de eso no sé exactamente qué es la justicia. Yo la concibo como un servicio público y básico del Estado de Derecho, no como una dedicación vocacional de unas personas aisladamente.

P. Ese servicio público tiene varias patas -ministerio, Consejo General del Poder Judicial y Generalitat-, que están obligadas a entenderse y no siempre es así.

R. Tras el Estatuto de 1979 se produjo la transferencia a la Generalitat de los cuerpos nacionales de funcionarios, pero en el caso de Justicia sólo fue a medias. Ésta es una situación que se ha de aclarar por el bien de todos. Es bueno que se sepa quién es el patrón y quién marca criterios de actuación uniformes en los juzgados de Cataluña. Con el nuevo Estatuto esto queda más claro, pero no es un proceso fácil, no quiero engañar a nadie. El Estatuto no lo arregla todo, sólo sienta las bases jurídicas para que el Estado y la Generalitat lleguen a acuerdos distintos a los que se han producido. Mientras tanto, lo que resulta inaceptable es que esta dependencia de varios poderes sea la excusa para no ponernos de acuerdo en mejorar lo que sea mejorable y decir que la justicia no funciona por eso.

P. ¿Ya tiene claras las prioridades del mandato?

R. Las presentaré en el Parlament en enero. Hay una cosa que se llama modernización de la Administración de Justicia, que significa dotar de mejores instalaciones y de tecnología avanzada a los juzgados para garantizar que el servivio que se presta al ciudadano sea el mejor posible. Otra prioridad es la mediación, en un intento de evitar parte de los 1,2 millones de procesos judiciales que hay cada año. Hay otras resoluciones judiciales que no son condenas, sino procedimientos de carácter social en los que este departamento debería implicarse, como los puntos de encuentro, en los que hay niños afectados por procesos contenciosos o separaciones. Otro ámbito de actuación es el penitenciario. Además de la rehabilitación y la reinserción de los reclusos se ha de potenciar el régimen abierto y las medidas penales alternativas.

P. ¿Quiere decir que no hay que construir más prisiones de las previstas?

R. Dependerá de la proyección demográfica, pero también de si se modifican las leyes. Prefiero pensar que en centros de adultos, con el plan aprobado, podemos afrontar, al menos, una década y media. La prioridad son los centros de educación de justicia juvenil en los que no se ha hecho el mismo esfuerzo inversor.

P. ¿Mantendrá el actual proyecto de la Ciudad de la Justicia?

R. Lo estamos estudiando. La arquitectura no sólo es la fachada y el aspecto exterior de los edificios. También es la distribución de espacios interiores, aunque una parte muy importante ya esté construida. Escucharemos a los que han de ser los usuarios de este proyecto importante y que no es fácil de poner en funcionamiento. No puedo afirmar ahora sí habrá modificaciones. Hemos empezado a hablar con GISA, con la empresa concesionaria, con el equipo redactor y con los usuarios para ver si es posible que, sin grandes cambios, se puedan introducir elementos de carácter funcional, que lo hagan un elemento más útil, sobre todo pensando en los 12.000 usuarios que pasarán cada día.

P. ¿Avala la demolición del edificio de Lluís Companys que aprobó su antecesor?

R. Barcelona tendrá edificios en el centro de la ciudad y una concentración en la Ciudad de la Justicia. Hoy están decididos qué órganos se desplazarán y no hemos decidido modificar a la espera de esas reuniones que hemos de celebrar. Avalo lo que acordó el consejero Vallés, porque es una decisión muy contundente como para no haberla tomado sin escuchar a todas las partes.

P. ¿Tiene claro el modelo de oficina judicial que desarrollar?

R. No. Todo el mundo querría que con el nombre de oficina judicial se encontrase una fórmula de atender a los usuarios de la justicia diferente y de intentar optimizar los recursos. Tardaremos meses en concretar cómo se aplica esto en los juzgados pequeños de capitales de comarca o en los grandes juzgados.

P. En la época anterior se dijo que el absentismo de los funcionarios judiciales era muy elevado y se anunciaron medidas. ¿Qué piensa hacer?

R. Intentaremos no generalizar nunca, porque sería injusto. Es verdad que en algunos juzgados no ha llegado la modernización de las tecnologías, pero también es verdad que hay funcionarios que ponen muchas ganas y que trabajan muy bien. Son a ésos a los que hay que incentivar, porque están cansados de oír que son los peores. Vamos a buscar a los sectores que tienen energías y ganas de cambiar las cosas en la judicatura, la abogacía, los procuradores y los funcionarios en lugar de generalizar.

P. ¿Pero habrá controles eficaces de horarios?

R. No somos la patronal de una parte del personal, pero sí tenemos encargada su gestión. Nada nos impide establecer mecanismos de inspección, que irán creciendo.

P. Hace días también pidió que se definiera entre todos los sectores el concepto de justicia de proximidad. ¿Cuál es el suyo?

R. Pretendemos que un juzgado cercano al ciudadano resuelva las cosas con un trámite abreviado. Han de ser órganos que pueden pronunciarse sobre faltas, pero con competencias administrativas, como daños en el mobiliario urbano o multas de tráfico.

Este concepto de justicia de proximidad me gusta más que un concepto no resolutivo. Pero esto no está definido, ni en la Ley Orgánica, ni por los sectores a los que les toca. Me parece que éste es el camino en vez de poner en marcha un mecanismo que colapse todavía más la ya colapsada Administración de Justicia, pero quiero escuchar a los implicados.