El fiscal especial reclama una ley integral de siniestralidad laboral

El fiscal coordinador de Siniestralidad Laboral, Juan Manuel de Oña, reclamó ayer una ley integral, como existe con la violencia de género, para atajar un problema que calificó de "interés social de primera magnitud". De Oña reveló que el pasado año hubo 92 sentencias condenatorias por la vía penal, frente a las 19 dictadas en 2000 y abogó por actuar con más decisión contra los riesgos de accidente que tengan carácter delictivo.

Juan Manuel de Oña, quien ocupa esta fiscalía especial desde el pasado 4 de abril, opinó que disponer de una ley integral de siniestralidad laboral sería un ins...

El fiscal coordinador de Siniestralidad Laboral, Juan Manuel de Oña, reclamó ayer una ley integral, como existe con la violencia de género, para atajar un problema que calificó de "interés social de primera magnitud". De Oña reveló que el pasado año hubo 92 sentencias condenatorias por la vía penal, frente a las 19 dictadas en 2000 y abogó por actuar con más decisión contra los riesgos de accidente que tengan carácter delictivo.

Juan Manuel de Oña, quien ocupa esta fiscalía especial desde el pasado 4 de abril, opinó que disponer de una ley integral de siniestralidad laboral sería un instrumento de "especial importancia para la lucha contra este tipo de criminalidad". Esta norma debería reunir toda la legislación que se encuentra en la actualidad dispersa. Se mostró también esperanzado en la aplicación de la nueva ley de subcontratación, aprobada en octubre, para reducir los accidentes mortales: en 2005 se produjeron 966 siniestros con fallecidos, únicamente en el puesto de trabajo.

De Oña, quien participó en Bilbao en unas jornadas sobre salud laboral y medioambiente de UGT, destacó los avances logrados desde que existe un fiscal especializado en siniestralidad laboral en cada provincia. Así, de las 19 condenas por la vía penal que sobre este asunto hubo en 2000 en las audiencias provinciales, se ha pasado a las 92 del pasado año, cuando se incoaron 204 procedimientos judiciales por homicidio.

"El centro laboral no puede ser un lugar de riesgo, del que el trabajador se libra si le acompaña la suerte. Ir a trabajar no puede ser jugarse la vida", afirmó De Oña. Pese a que el Código Penal tipifica, además del homicio, el delito de riesgo, lamentó que sólo un 5% de las sentencias se refieran a él. En este ámbito valoró la importancia de la labor de los sindicatos al señalar dónde hay más posibilidades de accidentes laborales. Agregó que, si se aplicase este delito con todo el rigor que contempla el Código Penal -las penas llegan a los tres años de prisión-, "daría lugar a menos resultados lesivos".

'Tela de araña'

El fiscal reconoció la dificultad de la imputación personal en los casos de accidente, porque los empresarios "tejen una tela de araña con cargos intermedios para liberarse de la responsabilidad penal". Para ilustrarlo, citó el caso del accidente de julio pasado en una zanja en Barcelona, en el que murieron cinco trabajadores. "Se han personado 22 partes, proponiendo diversos recursos y alegaciones. Es una situación contra la que hay que luchar", dijo.

Sobre las peticiones de implantar un carné por puntos en las empresas, consideró que no es factible y se mostró partidario de otros procedimientos, como dar publicidad de las compañías que infringen la normativa laboral, de las sentencias condenatorias o de los escritos de acusación y querellas de los fiscales. A su juicio, en España existen leyes "muy buenas". Pero el problema es que no se cumplen con rigor. Además de los tres años de prisión por el delito de riesgo, el homicidio imprudente conlleva penas de entre uno y cuatro años y el de lesiones abarca desde la falta a los tres años. Subrayó que el Código Penal permite la inhabilitación del infractor, una medida que, dijo, "estamos también tratando de potenciar".

De Oña advirtió de que el incumplimiento de la normativa en seguridad laboral "ha dejado de ser rentable", porque el ministerio fiscal está dispuesto a aplicar la ley "con todo rigor".

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, calificó de "paso decisivo" la creación de la fiscalía especial y destacó que en el 54% de las empresas de menos de 50 trabajadores que registraron accidentes laborales "ni siquiera había una evaluación de los riesgos".