El abogado del Estado aprueba el casino en el puerto de Castellón
El ente Puertos del Estado ha recibido ya el informe elaborado por la abogacía del Estado sobre la posibilidad de que el puerto de Castellón albergue un casino, tal como preveía el grupo Orenes. Para ello, Orenes alquiló las atarazanas a la sociedad Puerto Azahar, formada por Lubasa y PGP, aunque precisó de una modificación de la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Castellón en 2003. Ante la posibilidad de que este cambio constituyera una modificación sustancial (que obligaría a la convocatoria de un nuevo concurso de adjudicación de la concesión de las atarazanas), Puertos del Es...
El ente Puertos del Estado ha recibido ya el informe elaborado por la abogacía del Estado sobre la posibilidad de que el puerto de Castellón albergue un casino, tal como preveía el grupo Orenes. Para ello, Orenes alquiló las atarazanas a la sociedad Puerto Azahar, formada por Lubasa y PGP, aunque precisó de una modificación de la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Castellón en 2003. Ante la posibilidad de que este cambio constituyera una modificación sustancial (que obligaría a la convocatoria de un nuevo concurso de adjudicación de la concesión de las atarazanas), Puertos del Estado encargó un informe que determinara la naturaleza de la misma.
El informe señala que la modificación realizada para que Puerto Azahar pueda alquilar el total de la superficie de las atarazanas y no sólo una parte, como indicaba la concesión inicial, no es sustancial, con lo que no debe convocarse un nuevo concurso. Además, el mismo escrito habla de la compatibilidad de la calificación del suelo y del objeto de la concesión con la finalidad que se le pretende otorgar. En este sentido señala que bajo el concepto de "uso lúdico y recreativo de carácter terciario" está incluida la actividad propia de un casino.
La inseguridad jurídica por ambas cuestiones provocó una situación tensa en el seno del consejo de administración que motivó, incluso, que los representantes de la Generalitat se abstuvieran en la votación en la que se aprobó la modificación de la concesión que daba vía libre al inicio de la construcción. En cualquier caso, está pendiente de resolución el recurso que el grupo Perelada presentó a la adjudicación que la Consejería de Economía otorgó a Orenes.