Los abogados se niegan a apoyar la política urbanística actual
La programación del II Congreso de Abogacía Valenciana que hoy finaliza incluye únicamente tres ponencias sobre las que los colegiados de la Comunidad Valenciana debatieron ayer. La administración de Justicia, la previsión social de los abogados y el derecho urbanístico valenciano fueron los temas escogidos para el debate. Mientras las dos primeras ponencias suscitaron la participación de colegiados de las tres provincias y la exposición de un análisis más o menos común a todas ellas, la referente al derecho urbanístico fue la más polémica por la crítica a una posición claramente defensora de ...
La programación del II Congreso de Abogacía Valenciana que hoy finaliza incluye únicamente tres ponencias sobre las que los colegiados de la Comunidad Valenciana debatieron ayer. La administración de Justicia, la previsión social de los abogados y el derecho urbanístico valenciano fueron los temas escogidos para el debate. Mientras las dos primeras ponencias suscitaron la participación de colegiados de las tres provincias y la exposición de un análisis más o menos común a todas ellas, la referente al derecho urbanístico fue la más polémica por la crítica a una posición claramente defensora de la normativa urbanística de la Generalitat.
La exposición del tema correspondió al Colegio de Abogados de Valencia. Pablo Delgado Gil, redactor de la ponencia, realizó una potente defensa del agente urbanizador y una crítica a Europa, por la fiscalización de la normativa urbanística valenciana. Frente a esta tesis, los letrados castellonenses Victorino Villagrasa y Miguel Baena presentaron una comunicación discrepante que modificó sustancialmente las propuestas de Delgado Gil. Las conclusiones se limitaron a solicitar de las administraciones que incrementen la participación de los abogados en la legislación urbanística y en la reclamación a los Ayuntamientos para que no pongan trabas a la labor de los letrados.
El agente urbanizador
La redacción inicial de la ponencia proponía un claro apoyo hacia la figura del agente urbanizador, criticaba la actuación de la Unión Europea e, incluso, a los ciudadanos extranjeros que han elevado sus quejas a estamentos internacionales. Quejas que el ponente creía que estaban provocadas por "propietarios de edificaciones construidas al margen del procedimiento" cuando, "en sus países de origen jamás se les hubiera permitido edificar con las condiciones tan precarias como lo hicieron en su día en España".
Las críticas por parte de los letrados de Castellón fueron contundentes. La ponencia, aseguraron, "más allá de plantear la discusión de un modelo urbanístico y adoptar una postura a favor o en contra de una determinada política legislativa, no llega a ninguna conclusión que pueda afectar al trabajo diario de los abogados en la Comunidad Valenciana". Villagrasa y Baena mantuvieron que "quien redacta la ponencia, a la hora de valorar la colisión entre los derechos civiles y el urbanismo, adopta una postura clara en defensa de los denominados Agentes Urbanizadores que, estimamos, no puede ser la postura que defiende un Congreso de la Abogacía Valenciana".