Camps asume indemnizaciones como las de Biescas para frenar la investigación judicial del accidente del metro

La Generalitat valenciana está dispuesta, para frenar la investigación judicial, a asumir el pago de generosas indemnizaciones a los familiares de las víctimas del accidente del metro de Valencia que costó la vida a 43 personas el 3 de julio. El Gobierno de Francisco Camps (PP) ha propuesto a los abogados de las familias como referencia las indemnizaciones fijadas en la sentencia por la tragedia del cámping de Biescas (Huesca), que condenó al Estado y a la Diputación General de Aragón, como responsables patrimoniales de un suceso que podía haberse evitado, a pagar 180.000 euros por cada uno de...

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La Generalitat valenciana está dispuesta, para frenar la investigación judicial, a asumir el pago de generosas indemnizaciones a los familiares de las víctimas del accidente del metro de Valencia que costó la vida a 43 personas el 3 de julio. El Gobierno de Francisco Camps (PP) ha propuesto a los abogados de las familias como referencia las indemnizaciones fijadas en la sentencia por la tragedia del cámping de Biescas (Huesca), que condenó al Estado y a la Diputación General de Aragón, como responsables patrimoniales de un suceso que podía haberse evitado, a pagar 180.000 euros por cada uno de los 87 fallecidos en una avalancha en 1996. La iniciativa persigue que se retiren del procedimiento judicial la docena de familiares que se han personado.

El Ejecutivo autónomo -que se ha negado a asumir responsabilidad política alguna en el accidente por la falta de seguridad en la línea 1, donde ocurrió el descarrilamiento- se apresuró a anunciar que adelantaría cantidades de 30.000 a 60.000 euros a cuenta de las indemnizaciones. El secretario autonómico de Política Institucional y abogado general de la Generalitat, José Marí, se ha puesto en contacto con letrados de los familiares personados en la investigación judicial para sugerir que el Gobierno valenciano está dispuesto a asumir indemnizaciones similares a las de Biescas.

La sentencia del caso de Biescas, de diciembre de 2005, tiene la virtud de fijar una indemnización genérica por cada fallecido y establece la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Medio Ambiente y de la Diputación General de Aragón porque el accidente se podría haber evitado si se hubiese hecho caso de informes técnicos que desaconsejaban la ubicación del cámping. Precisamente ese es el elemento de polémica en el accidente del metro de Valencia. Mientras el PP atribuyó, en una comisión parlamentaria que duró apenas dos semanas, el siniestro al exceso de velocidad del convoy, la oposición y los sindicatos del metro han asegurado que la ausencia de un sistema de frenado automático hizo posible el accidente.

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