La falta de educadores deja sin clases a niños con discapacidad de Alicante

Padres de niños con discapacidad física y psíquica escolarizados en el colegio público Enric Valor protestaron ayer ante la Delegación de Educación de Alicante por la falta de educadores especiales, sin los cuales sus hijos no pueden comenzar las clases. En grandes ciudades como Torrent, Vila-real, Sagunto o Castellón han tenido que implantar aulas prefabricadas para atender el incremento de la matrícula de inmigrantes en septiembre.

La complejidad burocrática para cubrir las plazas de educadores especiales -profesionales que asisten a los escolares, con dependencia total o parcial, con...

Padres de niños con discapacidad física y psíquica escolarizados en el colegio público Enric Valor protestaron ayer ante la Delegación de Educación de Alicante por la falta de educadores especiales, sin los cuales sus hijos no pueden comenzar las clases. En grandes ciudades como Torrent, Vila-real, Sagunto o Castellón han tenido que implantar aulas prefabricadas para atender el incremento de la matrícula de inmigrantes en septiembre.

Bresó acusa al Consell de "privatizar" la educación en Torrent pese al suelo disponible

La complejidad burocrática para cubrir las plazas de educadores especiales -profesionales que asisten a los escolares, con dependencia total o parcial, con sondajes intermitentes, cambio de pañales o traslado de aulas- excluye a muchos de estos niños de su derecho a la escolaridad. El último episodio se ha registrado en el colegio Enric Valor, de Alicante. Los afectados reclaman una bolsa de empleo de educadores especiales con el fin de agilizar la cobertura de estas plazas.

Los ocho menores matriculados, con discapacidades de distinta índole, no podrán acudir al colegio hasta que se cubra la plaza de la última educadora especial. Esta profesional pidió el traslado a otro centro el pasado 5 de septiembre. La última ocasión que ocurrió un caso similar, Educación tardó una media de dos meses en cubrir la plaza, según denunció ayer Dolores Huesca, madre de uno de los niños afectados. Los padres reclamaron por escrito la creación de una bolsa de trabajo de personal no docente. Una petición que se repite anualmente para evitar la duplicidad burocrática que supone que la Consejería de Educación vise la necesidad de educadores, pero requiera de la autorización de Justicia y Hacienda para poder enviarlos.

A estos frecuentes "problemas" administrativos, se añade la "falta de previsión de plazas públicas" que, según los sindicatos, se produce por el incremento de población inmigrante y del repunte de la natalidad. Sin ir más lejos, ayer el Ayuntamiento de Torrent, que este curso ha escolarizado a 15.000 alumnos -2.725 de Infantil, 5.052 de Primaria y 317 de Educación Especial-, reclamaba urgentemente a la consejería la habilitación de dos aulas prefabricadas en el colegio público de San Miguel, ya que "50 escolares de Infantil no pudieron comenzar sus clases en la fecha oficial prevista, y deberán retrasar su entrada al colegio". El alcalde, el socialista Josep Bresó, subrayó que "no está justificado el retraso" y acusó a la Administración popular de "ir para atrás en materia de educación" y "abusar de los barracones".

Bresó recordó que ha puesto "a disposición de la Generalitat los terrenos para construir con urgencia los centros que necesita la ciudad" y ha destinado "un presupuesto de 600.000 euros para reformar instalaciones de los colegios que están dentro del programa CreaEscola, que recoge la reforma de dos institutos la ampliación de los otros dos, así como la ampliación de los tres colegios públicos", sin que se haya hecho nada. Ni tan siquiera enviar los prefabricados que necesita. "La Generalitat prefiere desinvertir en lo público, no por falta de dinero, sino por ideología. Porque prefiere lo privado".

Bresó se refirió implícitamente a la crisis que atraviesa desde hace cuatro años el colegio concertado Madre Sacramento -que la Generalitat subvenciona desde 2001 con 370.000 euros- debido a las irregularidades denunciadas por padres y profesores por cobros ilegales siendo concertado, por lo que ingresa bajo distintos domicilios fiscales otra partida similar. En paralelo, la titularidad, la asociación de milicianos laicos argentinos FASTA, está acusada ante la inspección de "adoctrinar a sus hijos en el ideario de inspiración castrense". Un capítulo que ya se cobró la primera víctima con el "despido improcedente" de un profesor, según denunció CC OO ante la consejería. Ésta negó ayer tener conocimiento del "proceso de depuración ideológica" denunciado.

Por otro lado, la Consejería de Educación investiga las denuncias de un grupo de padres del colegio Les Eres de Relleu (Alicante) que acusan a un profesor de cometer maltrato físico y psicológico contra sus hijos.