Dos lecturas para una OPA

El Gobierno español y Bruselas mantienen una intensa pugna en torno a la oferta de compra que lanzó en febrero el grupo alemán E.ON sobre la primera eléctrica española, Endesa. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), apoyada en una legislación que aumentó sus competencias en marzo y declaró "activos estratégicos" las centrales de carbón nacional, las nucleares y los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, ha aprobado la OPA de E.ON con 19 condiciones. Bruselas, en principio, no las acepta.

El enfrentamiento es abierto. Así lo refleja el intercambio de cartas registrado este...

El Gobierno español y Bruselas mantienen una intensa pugna en torno a la oferta de compra que lanzó en febrero el grupo alemán E.ON sobre la primera eléctrica española, Endesa. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), apoyada en una legislación que aumentó sus competencias en marzo y declaró "activos estratégicos" las centrales de carbón nacional, las nucleares y los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, ha aprobado la OPA de E.ON con 19 condiciones. Bruselas, en principio, no las acepta.

Bruselas cree que las condiciones son una "restricción encubierta a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento"

La disputa se centra en tres de las condiciones impuestas por la CNE a E.ON para autorizar la compra de la primera eléctrica española

El enfrentamiento es abierto. Así lo refleja el intercambio de cartas registrado este mes de agosto entre el Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Comisión Europea. Las posturas de ambas partes son tan rotundas como diferentes. España considera que, para garantizar el suministro energético del país en caso de crisis, no puede permitir que una empresa extranjera gestione activos que considera estratégicos.

Por ello, sostiene, está en su derecho de imponer condiciones a la operación de E.ON. Se trata, argumenta la Administración española, de aplicar el concepto de "interés público" que ha sido reconocido por el Tribunal de Luxemburgo como motivo de excepción a la libre circulación de capitales en la UE. Lejos de esa idea, Bruselas, con la comisaria de Competencia Neelie Kroes a la cabeza, defiende que la Comisión Europea es el único órgano competente para examinar la operación de E.ON sobre Endesa. Y ya la autorizó. Sin condiciones.

La disputa se centra en tres de las condiciones impuestas por la CNE a E.ON si se hace con Endesa: obligación de vender centrales de carbón que funcionan con carbón nacional (Teruel, Compostilla y Anllares); mantenerse al margen de la gestión de las centrales nucleares en las que participa Endesa (Almaraz, Ascó II, Garoña, Trillo y Vandellós) y vender Ascó I, 100% de Endesa, y deshacerse de los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Éstos son los argumentos de las partes en cada una de las condiciones en disputa.

NUCLEARES

CNE. La Comisión Nacional de la Energía sostiene que la seguridad de las centrales y del combustible es competencia de los Estados. Además, el sistema que regula el funcionamiento de estas centrales en Alemania es distinto al que se aplica en España. En Alemania, cada central aplica su manual de operaciones. En España, todas utilizan el sistema normativo americano NCR y sus socios las gestionan con acuerdos "tácitos" y "voluntarios" que facilitan estándares de seguridad "por encima de los estrictamente requeridos por la ley". Por todo ello, el órgano regulador considera un factor de riesgo que el 42% de la potencia nuclear que controla Endesa pase a manos alemanas.

Comisión Europea. Bruselas defiende que "la seguridad no es de competencia exclusiva de los Estados miembros, sino una competencia compartida con la Comunidad y que las garantías sobre materiales nucleares y la política de abastecimiento de minerales y combustibles nucleares son incluso competencia exclusiva de la Comunidad (Euratom)". Por ello, según la carta enviada a las autoridades españolas, "la condición impuesta por la CNE parece en realidad estar motivada por consideraciones de política energética relativas a la necesidad de mantener las centrales nucleares bajo control español". Algo, según la misiva, "que parece constituir un medio de discriminación arbitraria o restricción encubierta a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento".

CARBÓN NACIONAL

CNE. Endesa controla en torno al 42% de la potencia eléctrica generada con carbón. España considera prioritario mantener el consumo del mineral nacional para mantener la actividad de las comarcas mineras. Y, por ello, reclama a E.ON la venta de las dos decenas de este tipo de instalaciones que controla Endesa. Según la CNE, "la adquisición del control exclusivo de Endesa por parte de E.ON implicaría un riesgo respecto al mantenimiento de los objetivos de consumo de carbón autóctono por parte de las centrales eléctricas para el periodo 2006-2012, por cuanto podrían ponerse en peligro los intereses generales que de manera expresa o tácita orientan las actuaciones de las empresas productoras de electricidad, máxime cuando no existe para dichas empresas una obligación expresa de consumo de dicho carbón, sino una política de apoyo a los precios de producción y de incentivos para su consumo".

Comisión Europea. Según Bruselas, la CNE "no explica por qué los intereses empresariales de E.ON con respecto al uso del carbón nacional podrían ser diferentes a los de los actuales accionistas de Endesa y por qué la venta de las centrales de Endesa a otra empresa garantizaría mejor tal uso, así como la garantía de abastecimiento energético". La Comisión recuerda, además, que "España, actualmente, concede ayudas de Estado [autorizadas] a su industria del carbón", lo que "sería suficiente para alcanzar el objetivo de aumentar la seguridad del abastecimiento energético por medio del uso del carbón nacional".

ISLAS, CEUTA Y MELILLA

CNE. El regulador no confía en que el singular funcionamiento de los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, aislados y controlados por Endesa (costes superiores y sistema especial de retribución), pueda mantenerse con otro dueño distinto de Endesa. Así, la Comisión señala que "la no coincidencia de intereses del E.ON en la administración, operación y gestión de los activos insulares y extrapeninsulares, de marcado cariz regulado, con los intereses en materia de seguridad de abastecimiento, puede representar un riesgo para la garantía de suministro en estos sistemas, en particular para la garantía del mantenimiento de las inversiones y con carácter general para la garantía del abastecimiento energético, elección de las fuentes de energía y seguridad de suministro".

Comisión Europea. En opinión de Bruselas, "tras la concentración E.ON / Endesa, Endesa continuaría poseyendo y gestionando sus activos fuera de la España peninsular bajo el mismo sistema reglamentario. La adquisición de las acciones de Endesa por parte de E.ON no parece que vayan a afectar a estos activos". "Sobre todo", prosigue la carta de la Comisión, "la CNE no explica por qué los intereses empresariales de E.ON con respecto al suministro energético fuera de la España peninsular serían diferentes de los que tienen los actuales accionistas de Endesa, y por qué la venta de los activos de Endesa a otra compañía garantizaría mejor dicho suministro". Por todas las discrepancias expuestas, Bruselas sostiene que "tendría el derecho a adoptar medidas cautelares" para suspender "inmediatamente" la aplicación de las medidas. Podría ser el siguiente capítulo.