Las prisas de Camps

La cifra de muertos en el accidente del metro de Valencia el pasado día 3 aumentó ayer a 43. Casi al mismo tiempo que se conocía el triste dato, las Cortes valencianas acordaban en un pleno extraordinario, con el voto del PP y la abstención de la oposición, la apertura de una investigación para esclarecer las causas de la mayor catástrofe en el metropolitano ocurrida en España. Será breve: un mes como quería el Gobierno de los populares de Francisco Camps, y no tres meses como exigían socialistas y Esquerra Unida argumentando que en tan escaso tiempo poco se podrá esclarecer. El PP, además, se...

La cifra de muertos en el accidente del metro de Valencia el pasado día 3 aumentó ayer a 43. Casi al mismo tiempo que se conocía el triste dato, las Cortes valencianas acordaban en un pleno extraordinario, con el voto del PP y la abstención de la oposición, la apertura de una investigación para esclarecer las causas de la mayor catástrofe en el metropolitano ocurrida en España. Será breve: un mes como quería el Gobierno de los populares de Francisco Camps, y no tres meses como exigían socialistas y Esquerra Unida argumentando que en tan escaso tiempo poco se podrá esclarecer. El PP, además, se ha salido con la suya de que la labor arranque desde los ochenta, es decir, coincidiendo con la época de los Gobiernos socialistas, cuando se inauguró la primera línea, la número 1, donde sucedió la desgracia, como si quisiera así echar las culpas políticas a cualquier otro.

No tienen demasiada justificación estas prisas del Gobierno valenciano en cerrar una investigación a la que ya quieren personarse una veintena de alcaldes de municipios del área por las que circula la línea 1 de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Su intención es expresar las quejas de los vecinos, ya manifestadas anteriormente, sobre el deterioro de los convoyes y las deficientes condiciones de seguridad. Recuérdese que el año pasado se produjo un accidente en el que se vieron implicados tres trenes de la línea 1, que causó cerca de medio centenar de heridos. La Generalitat valenciana afirma con un punto de incoherencia que la tesis de una investigación breve se debe al respeto que le merecen las víctimas para así, dice, extraer rápidamente conclusiones y poner remedios; y recuerda, con cierto cinismo, que en otras comunidades donde han sucedido siniestros, como el incendio de Guadalajara que causó 11 muertos, se decidió también abreviar al máximo la comisión parlamentaria. Olvida que en aquella ocasión la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha presentó la dimisión y que su presidente, al menos, admitía preguntas de la prensa para hablar sobre la catástrofe.

En Valencia la situación parece muy distinta. El presidente Camps no admite preguntas. Su Gobierno no asume ninguna responsabilidad, niega negligencia por parte de la Consejería de Transportes -cuyo titular no tiene intención de dimitir- y dice que el descarrilamiento fue debido a la velocidad excesiva del maquinista, muerto en el accidente. Culpa a la oposición de explotar la tragedia por interés electoral con vistas a los comicios autonómicos y municipales de 2007. ¿Qué sentido tiene en estas condiciones abrir una investigación parlamentaria?