Sobre el derecho y el deber de informar

Se dice, y es cierto, que vivimos en la era de la información, pero, en ocasiones, en determinadas circunstancias y con motivo de unos u otros hechos, la percepción que se puede llegar a tener es la contraria. Precisamente, cuando de más recursos tecnológicos se dispone y cuando es creciente la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, se producen a veces situaciones, por acción u omisión, abuso, ocultamiento o manipulación interesada, en que esa información, imprescindible en cualquier sistema democrático, se convierte no ya en desinformación acerca de lo que sucede en unos u o...

Se dice, y es cierto, que vivimos en la era de la información, pero, en ocasiones, en determinadas circunstancias y con motivo de unos u otros hechos, la percepción que se puede llegar a tener es la contraria. Precisamente, cuando de más recursos tecnológicos se dispone y cuando es creciente la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, se producen a veces situaciones, por acción u omisión, abuso, ocultamiento o manipulación interesada, en que esa información, imprescindible en cualquier sistema democrático, se convierte no ya en desinformación acerca de lo que sucede en unos u otros momentos, lo que ya sería grave, sino directamente en información falsa o engañosa, lo que es peor aún.

Abdicar de la verdad y de la imparcialidad es abdicar de la información

Las dos cosas, ocultar y mentir, son incompatibles con una práctica mínimamente democrática y, desde luego, contradicen la misma razón de ser de unos medios de comunicación cuyo objetivo fundamental es informar con veracidad.

Y si esto vale para cualquier medio privado, qué decir en los casos en que el ocultamiento, la manipulación o el engaño se producen en uno público en el que, por definición, no pueden caber de ninguna manera otros intereses que no sean los de la sociedad en su conjunto, sin otros dictados corporativos, empresariales, financieros o partidistas.

Pues bien, resulta muy lamentable comprobar cómo Telemadrid se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en el mejor exponente de lo que no debe ser un medio público y, por añadidura, de lo que sólo con mucha dificultad podría ser considerada, hoy en día, una empresa de comunicación, porque en rigor sería más exacto definirla como de "incomunicación".

El último y escandaloso ejemplo ha sido la cobertura -la no cobertura, cabría decir- de la manifestación a favor de la enseñanza pública y contra la gestión educativa privatizadora del Gobierno regional celebrada el pasado 10 de mayo, y en la que 170.000 personas salieron a la calle convocadas por todos los sindicatos del sector en una movilización que culminaba la huelga llevada a cabo ese mismo día en los centros públicos y concertados madrileños.

Que esta manifestación sólo ocupase veinte segundos en unos informativos que en esa fecha apenas dedicaron un minuto y veinticinco segundos a la totalidad del conflicto, algo dice sobre el tratamiento de las noticias en la citada cadena, un tratamiento que pone en cuestión la objetividad e imparcialidad que es exigible en la televisión que pagamos los ciudadanos de esta Comunidad.

Los hechos son tanto más graves si se tiene en cuenta que otras manifestaciones que han recorrido las calles de Madrid en el tiempo reciente han merecido una atención exhaustiva por parte de Telemadrid, con retransmisión íntegra y en directo incluida.

Los que convocamos y nos manifestamos el 10 de mayo, desde la plaza de Colón hasta la confluencia de las calles de Alcalá y Sevilla, no pedimos tanto ni queremos inflar las cifras de participación, como han hecho en aquellas ocasiones los responsables de la televisión madrileña.

Sólo pretendemos que se respete, y no se oculte, la verdad de los hechos y, en el caso que nos ocupa, la importante movilización ciudadana contra el modelo de gestión de la enseñanza pública del Gobierno regional.

Entendemos que es una exigencia democrática, porque, si los ciudadanos tenemos derecho a la información, un medio público tiene el deber y la obligación de informar con objetividad.

E informar, y no desinformar, consiste en no ocultar ni minimizar lo que objetivamente tiene la trascendencia de la contestación social que se explicitó en nuestras calles el citado 10 de mayo.

Abdicar de la verdad y de la imparcialidad es abdicar de la información. Telemadrid no puede estar al servicio del Gobierno de la Comunidad, y ni siquiera parecerlo.

La corrección en el rumbo de la cadena pública madrileña se ha convertido en una urgente necesidad de regeneración democrática.

José Ricardo Martínez Castro es secretario general de UGT-Madrid.