El Supremo anula el nombramiento del presidente de la Sala Penal de la Audiencia
El alto tribunal alega que el Poder Judicial no motivó la elección de Javier Gómez Bermúdez
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo anuló ayer el nombramiento del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, al estimar un recurso del también magistrado de la Audiencia José Ricardo de Prada Solaesa, que impugnó su designación para el cargo. La decisión, según fuentes del Supremo, se adoptó por mayoría de 24 votos a 6 y está basada en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no motivó suficientemente los méritos y capacidades que habían apreciado en Gómez Bermúdez sobre los otros aspirantes. La terna estaba integrada por De Prada, Gó...
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo anuló ayer el nombramiento del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, al estimar un recurso del también magistrado de la Audiencia José Ricardo de Prada Solaesa, que impugnó su designación para el cargo. La decisión, según fuentes del Supremo, se adoptó por mayoría de 24 votos a 6 y está basada en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no motivó suficientemente los méritos y capacidades que habían apreciado en Gómez Bermúdez sobre los otros aspirantes. La terna estaba integrada por De Prada, Gómez Bermúdez y Baltasar Garzón.
El Supremo reconoce que los nombramientos son discrecionales, pero destaca que deben estar motivados para evitar la arbitrariedad. La decisión del alto tribunal no supone un nuevo concurso, sino que las actuaciones se retrotraen hasta el momento en que la Comisión de Calificación del Consejo debe emitir informe sobre los méritos de los candidatos. Con esos informes se elaborará de nuevo la terna y se procederá a una nueva elección. En la nueva decisión deberá razonarse la idoneidad del candidato para el cargo.
El nombramiento de presidente de Sala de la Audiencia es discrecional, en tanto que los de jueces y magistrados de la Audiencia se basan en la antigüedad en el escalafón. Sin embargo, el nombramiento de Gómez Bermúdez, en julio de 2004, fue polémico desde el mismo momento en que alcanzó, en cuarta votación, los 11 votos necesarios, todos los de los consejeros afines al PP, y finalmente, el del presidente, Francisco Hernando, que inclinó la votación a su favor.
Veteranos
Frente a Bermúdez, que a la sazón era juez central de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional, quedaron las candidaturas de magistrados mucho más veteranos que él en la Audiencia Nacional, entre ellas la de José Ricardo de Prada, magistrado de la Sala de lo Penal. Y sobre todos, la candidatura de Garzón, que sacaba a Bermúdez 1.000 puestos en el escalafón de la carrera judicial y en cuyo historial contaba con una candidatura al Premio Nobel, 12 doctorados honoris causa, más de 80 premios nacionales e internacionales y 20 años compaginando la judicatura con la docencia. En medio de esa polémica, el nombramiento de Bermúdez fue impugnado por De Prada ante el Tribunal Supremo, alegando falta de méritos y de capacidad en el candidato.
De Prada, que actualmente está destinado ante la Corte Penal Internacional de Sarajevo en situación de servicios especiales, argumentó en su recurso que la elección de Gómez Bermúdez se realizó por criterios políticos y no jurídicos; que el candidato no tenía experiencia en tribunales colegiados y en que fueron necesarias cuatro votaciones en vez de las tres que, según el recurrente, establece la ley. Gómez Bermúdez contestó aduciendo la legalidad de su nombramiento y que todos los candidatos tenían méritos suficientes.
Al conocer ayer la noticia, Gómez Bermúdez dijo que su preocupación es salvar los procesos en curso, como el juicio de KIO que él mismo preside en su condición de presidente de la Sección Primera de la Sala Penal. Y declaró a Efe: "No he pensado en recurrir, estoy a lo que diga el Supremo, como no podía ser menos".
El mandato de Gómez Bermúdez ha sido objeto de atención en medios jurídicos y periodísticos por la controversia de algunas de sus decisiones. La última y quizá la más resonante fue el cómputo en la acumulación de condenas del etarra francés Henri Parot, diferenciando entre dos periodos distintos su historial delictivo, con lo que de la reducción de los más de 4.000 años de condena resultaban dos penas de 30 años, 60 en total, en vez de una sola de 30. El Tribunal Supremo rechazó de plano esa interpretación, pero aprovechó para realizar un cambio jurisprudencial que limitó los efectos de la decisión de la Audiencia. En cambio, el Supremo confirmó las penas de 2.775 años de cárcel a los dos etarras que quisieron volar la estación de Chamartín, impuestos por la sala de Bermúdez mediante una novedosa calificación de los hechos como 184 tentativas de asesinato. Gómez Bermúdez ha sido galardonado con el Premio Internacional Covite por su "atención personalizada a las víctimas".