Absueltos tres ex altos cargos del PP por las obras de ampliación del embalse aragonés de Yesa
Tres ex altos cargos del PP en el Ministerio de Medio Ambiente han sido absueltos por la Audiencia de Madrid en relación con las obras del embalse aragonés de Yesa. Se les acusaba de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, riesgo catastrófico y falsedad en documento.
El tribunal, que preside Arturo Beltrán, entiende que las obras de ese embalse fueron declaradas de interés general en 1992, y fruto de una "decisión política". Y que no hubo un concierto entre los acusados para realizar ese proyecto y obtener un lucro personal, habida cuenta de que fueron var...
Tres ex altos cargos del PP en el Ministerio de Medio Ambiente han sido absueltos por la Audiencia de Madrid en relación con las obras del embalse aragonés de Yesa. Se les acusaba de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, riesgo catastrófico y falsedad en documento.
El tribunal, que preside Arturo Beltrán, entiende que las obras de ese embalse fueron declaradas de interés general en 1992, y fruto de una "decisión política". Y que no hubo un concierto entre los acusados para realizar ese proyecto y obtener un lucro personal, habida cuenta de que fueron varias las Administraciones implicadas, y que algunos de los acusados no intervinieron en el proyecto hasta bien avanzado éste.
Los acusados fueron Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro; Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas; Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación Ambiental, el ex secretario de Medio Ambiente Carlos Vázquez Cobos, y los funcionarios José Luis Uceda y Ángel Núñez. El juicio se celebró el pasado mes de marzo.
El fiscal y el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) pedían penas de cárcel e inhabilitación para los acusados. Ambas acusaciones indicaron que las obras eran innecesarias y que la dimensión que se le quería dar al embalse obedecía a intereses personales. También denunciaron que los proyectos de ejecución incumplían la normativa ambiental.
La sentencia absolutoria, ponencia del magistrado Pascual Fabiá Mir, parte de la siguiente premisa: "La sala desea expresar (...) que la construcción o el recrecimiento de una presa es una obra pública de gran envergadura, que repercute seriamente en el entorno físico y en la población humana, y que la legislación, ante la magnitud del impacto ambiental, exige estudios exhaustivos sobre la necesidad y oportunidad de su ejecución, muy especialmente, cuando nos encontramos con que la presa [se refiere a Yesa] ha sido clasificada dentro de las de categoría A. Y su rotura o funcionamiento incorrectos puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales".