El TSJ rechaza la suspensión cautelar de la Vega de Cullera
El Gobierno dice que el auto no ha juzgado el fondo del asunto
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha rechazado la suspensión cautelar del PAI de la Vega de Cullera solicitada en febrero por la subdelegación del Gobierno en Valencia ante la falta de garantías hídricas y de movilidad del tráfico. El Gobierno central replicó que el auto no juzga el fondo del asunto -todavía pendiente- y tampoco descartó más acciones legales.
El consejero de Territorio, Rafael Blasco, y el gerente del IVVSA (Instituto de Vivienda de la Generalitat), José Fermín Doménech, se mostraron ayer satisfechos con el auto del TSJ, ...
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha rechazado la suspensión cautelar del PAI de la Vega de Cullera solicitada en febrero por la subdelegación del Gobierno en Valencia ante la falta de garantías hídricas y de movilidad del tráfico. El Gobierno central replicó que el auto no juzga el fondo del asunto -todavía pendiente- y tampoco descartó más acciones legales.
La Generalitat acusa a la Subdelegación de actuar en nombre de intereses partidistas
El consejero de Territorio, Rafael Blasco, y el gerente del IVVSA (Instituto de Vivienda de la Generalitat), José Fermín Doménech, se mostraron ayer satisfechos con el auto del TSJ, que interpretaron como un aval de su política urbanística. El auto desestima el recurso presentado el pasado febrero por la subdelegación del Gobierno de Valencia contra la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo del pasado 15 de noviembre, en la que se dio luz verde al PAI previsto en la desembocadura del río Júcar y promovido, entre otros, por el IVVSA. El proyecto, conocido como el Manhattan valenciano, prevé la construcción de 33 torres de 25 alturas y 4.500 nuevas viviendas.
Los representantes del Gobierno central en la Comisión Territorial presentaron informes desfavorables porque el PAI no garantizaba la suficiencia de recursos hídricos ni tampoco la movilidad de tráfico en la zona. Territorio aseguró entonces que no se otorgarían licencias de ocupación de los terrenos hasta que no se cumplieran estas condiciones. La subdelegación del Gobierno no vio garantías suficientes y además de recurrir el proyecto, solicitó su suspensión.
El gerente del IVVSA valoró el auto del TSJ e insistió en que no hay motivos para suspender la aplicación del proyecto. Doménech criticó la oposición al proyecto del concejal socialista de Cullera Joan Grau y la del secretario de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, a los que tildó de "instigadores" del recurso presentado, con fines partidistas, por la subdelegación del Gobierno. "Se han acabado las burrieladas y los torpedos de bloqueo de Blanquerías contra proyectos de interés público", dijo el gerente en alusión al PAI de la Vega. Doménech pidió además que cese el uso abusivo del derecho que está haciendo la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. "Nunca esta institución había impugnado ningún instrumento de planeamiento. Que cese el atrincheramiento del PSOE en las instituciones del Estado", dijo. El gerente pidió al Gobierno que acelere la construcción de la carretera necesaria para que el PAI se apruebe definitivamente, dado que ya considera acreditada la existencia de agua suficiente.
El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, manifestó que el tribunal tan solo ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar, "pero no ha entrado en el fondo del asunto, que se resolverá mediante sentencia". Según Martínez, el auto no valida en absoluto el PAI y la subdelegación del Gobierno, a la vista de las declaraciones del director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt -que aseguró ayer que el PAI no se ha aprobado de manera definitiva- continuará, por tanto, con todas las acciones legales que estén a su alcance para defender los intereses de los ciudadanos. Martínez negó que existan intereses partidistas.
Por su parte, el responsable del área de urbanismo en la ejecutiva del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, aseguró que "una política urbanística puede ser legal; pero no por ello deja de ser una barbaridad. La política de Margaret Thatcher fue legal y dejó a Inglaterra hecha unos zorros".