Batasuna reunió su asamblea cuatro días antes del alto el fuego
La policía informó al juez de la cita de Bergara, donde el partido fijó su 'hoja de ruta'
La ilegalizada Batasuna celebró el pasado 18 de marzo, cuatro días antes de que ETA anunciara su declaración de alto el fuego permanente, una asamblea nacional en Bergara (Guipúzcoa) para fijar su hoja de ruta ante la nueva situación política y la actuación judicial contra la formación. La policía detectó la reunión clandestina y elevó un informe al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que había renovado en enero la suspensión de actividades de Batasuna. El juez remitió el miércoles un oficio a la Ertzaintza, que desconocía los hechos, para que le informara de la reun...
La ilegalizada Batasuna celebró el pasado 18 de marzo, cuatro días antes de que ETA anunciara su declaración de alto el fuego permanente, una asamblea nacional en Bergara (Guipúzcoa) para fijar su hoja de ruta ante la nueva situación política y la actuación judicial contra la formación. La policía detectó la reunión clandestina y elevó un informe al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que había renovado en enero la suspensión de actividades de Batasuna. El juez remitió el miércoles un oficio a la Ertzaintza, que desconocía los hechos, para que le informara de la reunión.
Joseba Permach: "La reacción del presidente Zapatero ahora nos parece adecuada"
El juez pidió el pasado miércoles información a la Ertzaintza, que desconocía la reunión
El informe policial trasladado al juez Grande-Marlaska, que debe tomar declaración el próximo miércoles al líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, ha sido elaborado por la Unidad Central de Información (UCI) de la policía. En el mismo se detalla que 350 representantes del partido independentista se trasladaron en varios autobuses hasta una sala de conciertos de Bergara para celebrar una asamblea clandestina.
La policía vincula la reunión con el proceso interno de Batasuna Bide Eginez (Haciendo camino), que concluyó en enero con la renovación de su Mesa Nacional. Aunque Grande-Marlaska frustró su clausura en el recinto ferial del BEC de Barakaldo, para entonces la nueva dirección de la formación ilegalizada ya había sido elegida y los nombres de sus 38 miembros eran conocidos. La policía, que en todo momento controló los movimientos de los independentistas, aporta en su informe fotografías del cónclave. Y detalla incluso que se encargaron hasta 400 bocadillos para los participantes.
Esta reunión multitudinaria de la asamblea nacional de Batasuna es la primera que los cuerpos policiales ha podido constatar desde que el juez Grande-Marlaska prohibiera, el 17 de enero pasado, la celebración de la clausura del proceso interno y la presentación de la nueva Mesa Nacional en el BEC, anunciada para el pasado 21 de enero. En aquel auto, el juez renovó la suspensión cautelar de las actividades del partido independentista, decretada por Baltasar Garzón en agosto de 2002.
Grande-Marlaska transmitió a la Ertzaintza, que desconocía la cita, lo que sabía de la reunión clandestina del 18 de marzo, y le ofició el miércoles 22, para que le informara sobre el asunto. La policía autonómica se puso a investigarlo "de inmediato", según confirmó a este periódico una fuente de Interior vasco.
Precisamente, uno de los objetivos que se ha marcado Batasuna en su hoja de ruta, sobre todo tras el comunicado de ETA, es superar la ilegalización y trasladar su actividad política de manera normalizada. En esta política se enmarca la presentación pública, el pasado jueves, de su nueva dirección en un céntrico hotel de Pamplona, al tiempo que daba cuenta de su valoración sobre el proceso abierto tras la decisión de ETA. En ese acto, en el que participó buena parte de la nueva Mesa Nacional, la formación indicó: "La oportunidad que se nos presenta sólo puede ser entendida desde la superación de esquemas políticos del pasado y la necesidad de construir el futuro desde el respeto escrupuloso a la pluralidad del pueblo vasco y al derecho a decidir libre y democráticamente su futuro".
La pretensión de la coalición es situarse en la legalidad por la vía de los hechos. Un día más tarde de la presentación de la Mesa Nacional, los responsables de la dirección Marije Fullaondo -antigua representante de Herritarren Zerrenda (HZ), la candidatura pantalla de Batasuna para las europeas, anulada por el Supremo- y Eusebio Lasa participaron en una concentración a plena luz del día en Bilbao para denunciar la falta de derechos de los inmigrantes sin papeles y su derecho a "participar en el proceso abierto en Euskal Herria" tras el anuncio etarra. Por la tarde, el dirigente Pernando Barrena intervino al término de una manifestación en Pamplona en la que también participaron Joseba Permach, Ainara Armendariz y el responsable en Navarra, Juan Kruz Aldasoro.
La sucesión de apariciones publicas la completó ayer en Hernani (Guipúzcoa) Joseba Permach, quien, previamente, en una entrevista en Gara, señaló que "la reacción de Zapatero ahora nos parece adecuada". En su intervención, informa Maribel Marín, Permach pidió discreción y reuniones bilaterales entre partidos. En este sentido, criticó con dureza la actitud mostrada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, porque a su juicio pretende "condicionar de forma pública" la forma en la que debe ser encarrilado el proceso de normalización con declaraciones "ante los medios de comunicación", diciendo "cómo y cuándo y cuántas mesas tienen que constituirse" cuando sólo representa "a tres provincias de Euskal Herria".
El objetivo final de la hoja de ruta, perfilada en la asamblea de Bergara, sería soslayar la suspensión ordenada por Grande-Marlaska y blindar la interlocución. Y también asegurarse su sitio en la mesa de partidos que se abrirá después de que Zapatero acuda al Congreso para pedir permiso para abrir un diálogo con los terroristas. El colofón es estar presentes en las elecciones municipales de 2007. Tanto Zapatero como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han abierto la puerta a la legalidad de la izquierda abertzale, pero con una marca política diferente.