PSOE e IU exigen una comisión de investigación sobre los fallos de las obras del metro a Arganda

Los dos partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han solicitado la creación de una comisión de investigación para analizar las condiciones de seguridad con las que fue inaugurada, en 1999, la ampliación de la línea 9 del metro hasta Arganda del Rey. Los portavoces de PSOE e IU, Rafael Simancas y Fernando Marín, respectivamente, quieren que comparezca el ex director general de Infraestructuras, Manuel Melis. El PP ha rechazado la proposición de ambas formaciones argumentando que corresponden a obras realizadas por el anterior presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón.

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Los dos partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han solicitado la creación de una comisión de investigación para analizar las condiciones de seguridad con las que fue inaugurada, en 1999, la ampliación de la línea 9 del metro hasta Arganda del Rey. Los portavoces de PSOE e IU, Rafael Simancas y Fernando Marín, respectivamente, quieren que comparezca el ex director general de Infraestructuras, Manuel Melis. El PP ha rechazado la proposición de ambas formaciones argumentando que corresponden a obras realizadas por el anterior presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón.

El informe de Melis, fechado el 29 de enero de 2006, fue entregado al alcalde Ruiz-Gallardón para que éste lo hiciera llegar al regidor de Málaga, del PP, que había pedido consejo sobre cómo ampliar su metro. En ese informe, el coordinador de Infraestructuras alerta de los peligros de adjudicar obras públicas por el método de "concesión a precio cerrado". Este método consiste en que la Administración adjudica la construcción y/o explotación de una obra a una empresa privada por un precio fijo, no sujeto a modificaciones. La empresa, según Melis, al no poder superar ese presupuesto, tiende a abaratar costes en detrimento de la seguridad.

El entonces director de Infraestructuras, Manuel Melis, detectó la mayoría de los fallos antes de que la obra entrara en funcionamiento, lo que permitió que estas fueran subsanadas (aunque eso lo pagó el Gobierno regional). Otra deficiencia, sin embargo, no fue detectada: las catenarias eléctricas estaban apoyadas sobre postes "endebles". Pocas semanas después de entrar en servicio, la catenaria se cayó sobre las vías. Si en ese momento hubiera pasado algún tren, dice el informe, "habría sido una catástrofe".

Ante tantas irregularidades, el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, pidió que la comisión investigue los riesgos que corrieron los ciudadanos por la puesta en marcha de la ampliación de la línea 9, el sobrecoste para el Gobierno regional que supusieron los arreglos y las eventuales responsabilidades del Gobierno regional por no haber controlado la calidad y la seguridad de los trabajos. "La primera prioridad del PSOE es obtener las garantías absolutas para la seguridad en el futuro de los ciudadanos y de los trabajadores al realizar obras públicas a través del procedimiento de concesión privada", comentó Simancas.

La Comunidad de Madrid ha utilizado la misma fórmula de concesión privada para la construcción del metro a la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, la T-4, y a los nuevos barrios del norte, además del tren ligero a Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, según el portavoz socialista.

El portavoz de IU en la Asamblea, Fernando Marín, aseguró que las deficiencias en las obras de la línea 9 habrían podido degenerar en una situación "terrible" si las catenarias se hubieran caído sobre un tren.

Sin responsabilidad

Las pretensiones de la oposición fueron frenadas por la mayoría del PP en el Parlamento regional. El portavoz de este grupo, Antonio Beteta, adelantó que no habrá comisión de investigación, ya que éstas sólo se reservan a controlar las actuaciones del Gobierno regional que esté ejerciendo en la actualidad. Como las obras las adjudicó el Ejecutivo que presidió Alberto Ruiz-Gallardón, no cabe la posibilidad de comisión, según Beteta. "El Gobierno de Esperanza Aguirre no ha tenido ninguna responsabilidad en relación con este asunto. Sería como si el PP hiciera una comisión de investigación sobre el caso Atocha o sobre el caso Ibercoop de la época de Joaquín Leguina", zanjó Beteta.

De la misma opinión es el vicepresidente primero del Gobierno regional y portavoz del Ejecutivo, Ignacio González: "Manuel Melis era director general de Infraestructuras en la administración que hizo esa obra y, por tanto, será él el que tenga que dar explicaciones por sus declaraciones". "Estoy convencido de que el Gobierno presidido por Alberto Ruiz-Gallardón en ningún caso consentiría que se hiciera una infraestructura que no cumpliera los requisitos de seguridad", concluyó González.

La interpretación restrictiva del PP para frenar la comisión de investigación causó un gran malestar en la oposición. Simancas argumenta que el 11 febrero de 2003 el PP, cuando Gallardón presidía la Comunidad, aprobó que la comisión de investigación creada sobre la cesión de la clínica de la Concepción se ampliase a la etapa en que el PSOE gobernaba en la región.

El líder socialista adelantó que la comisión saldrá adelante. Se basó en que el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea señala que con dos quintas partes de los 111 diputados regionales (45 parlamentarios) puede solicitar una comisión sobre cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid. El PSOE, que cuenta con esos 45 diputados, tiene capacidad para reclamar la creación de esa comisión de investigación. Simancas recordó que su grupo está trabajando en el documento que presentará a la mesa de la Asamblea para hacer oficial la petición. Pretende citar a Manuel Melis, a representantes de sindicatos, funcionarios públicos y a responsables de Consejería de Obras Públicas y Hacienda.

Marín, de IU, también criticó la lectura que hace Beteta del Reglamento de la Asamblea: "Las interpretaciones de Beteta y del PP sobre el reglamento son como las de la Biblia, ya que hay diferentes interpretaciones".