El Congreso pide que los discapacitados severos puedan optar a becas sin la exigencia de movilidad
La Comisión de Educación del Congreso instó hoy al Gobierno a modificar la legislación para que los doctores con una discapacidad superior al 65% puedan optar a las becas posdoctorales Fulbright, así como a los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, sin la exigencia de movilidad geográfica y académica.
Así consta en una proposición no de ley del PSOE que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y que persigue "eliminar un obstáculo, el de la movilidad, que resulta insalvable para las personas con un alto grado de discapacidad", según la diputada socialista Eva Sáe...
La Comisión de Educación del Congreso instó hoy al Gobierno a modificar la legislación para que los doctores con una discapacidad superior al 65% puedan optar a las becas posdoctorales Fulbright, así como a los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, sin la exigencia de movilidad geográfica y académica.
Así consta en una proposición no de ley del PSOE que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y que persigue "eliminar un obstáculo, el de la movilidad, que resulta insalvable para las personas con un alto grado de discapacidad", según la diputada socialista Eva Sáenz.
Por su parte, el popular José Oreiro calificó de "positiva" y "loable" esta iniciativa, porque, indicó, "quitará barreras a las personas con discapacidad". No obstante, añadió que, dado que una de las finalidades de estas becas es precisamente la movilidad, la proposición no de ley debería haber sido "más ambiciosa" y haber aspirado a la "accesibilidad plena".
Por último, la diputada de CiU Merce Pigem dijo que es una iniciativa "acertada", porque "ha adoptado la perspectiva de los discapacitados". Aun así, reconoció que "se está eximiendo de la movilidad a una beca cuya finalidad es la movilidad".
Mayores de 45 años
La Comisión de Educación también aprobó otra proposición no de ley que insta al Gobierno a que, en el ámbito de la
futura reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LO), promueba la regulación del proceso de admisión a la
Universidad para los mayores de 45 años.
Así reza la enmienda de sustitución presentada por el PSOE a la proposición no de ley inicial, que había sido defendida por CiU, si bien el cambio se refería a los tiempos de aplicación más que al fondo de la iniciativa.
Pigem explicó que el Ejecutivo aprobó en 2003 un real decreto que establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. Ese texto establece que "los mayores de 45 años que deseen cursar
estudios universitarios de carácter oficial podrán acceder a la Universidad de acuerdo con el procedimiento específico de admisión que establezca el Gobierno", previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, sin necesidad de estar en posesión del título de Bachiller o equhvalente.
Por otra parte, la Comisión de Edus autónomas para la consecución de los objetivos de la incorporación de la dimensión europea, especialmente en los aspectos relacionados con la formación del profesorado y la dinamización de los centros educativos.