"La ley impide en el sector público cosas que el sentido común aconseja"
Pilar de Torres preside GISA tras la dimisión, en relación con el hundimiento del túnel del Carmel, de su antecesor, Ramon Serra. Economista, nacida en Barcelona hace 49 años, ha trabajado en multinacionales y bancos, siempre en el sector privado, antes de llegar a la primera empresa pública catalana en inversión. De las recomendaciones del Parlament le encataría aplicar, en cuanto la ley lo permita, la de pagar directamente las empresas subcontratadas. Le llama la atención que en el sector público no se puedan tomar decisiones que recomienda el sentido común.
Pregunta. ¿El Carme...
Pilar de Torres preside GISA tras la dimisión, en relación con el hundimiento del túnel del Carmel, de su antecesor, Ramon Serra. Economista, nacida en Barcelona hace 49 años, ha trabajado en multinacionales y bancos, siempre en el sector privado, antes de llegar a la primera empresa pública catalana en inversión. De las recomendaciones del Parlament le encataría aplicar, en cuanto la ley lo permita, la de pagar directamente las empresas subcontratadas. Le llama la atención que en el sector público no se puedan tomar decisiones que recomienda el sentido común.
Pregunta. ¿El Carmel gravita sobre su trabajo?
Respuesta. El Carmel influye en el sentido de que lo que antes se consideraba aceptable en seguridad ahora tiene que ser reforzado. Yo intento que gravite para bien. Los cambios que aplicamos son cambios que ya eran necesarios, con la referencia del Carmel son más fáciles de aplicar. La gente lo entiende mejor.
"No me he dedicado a investigar el 3%. Y sólo lo haré si tengo un encargo legal. No puedo ir preguntando a la gente cosas así"
"La revisión al alza de precios era un hecho generalizado. Aún lo es. Uno de mis objetivos es revisarlo con un sistema de control objetivo"
P. ¿Cómo son las reformas?
R. Estamos aplicando las recomendaciones de la comisión parlamentaria.
P. ¿Las líneas maestras?
R. Se ha dividido la dirección general. Ahora tenemos una dirección técnica, que sigue en manos de Mateu Tersol, y una dirección financiera y de contratación que lleva Manuel Tuñí. Así, el director técnico se puede dedicar íntegramente a las obras, que es una de las recomendaciones del Parlament.Ahora hay un director de carreteras y otro de transportes y una directora de edificación. Antes había dos directores y ahora tres. Hay más talento ahora para estos asuntos.
P. Con esto, ¿qué se gana?
R. Es más fácil trabajar así porque, en cierta medida, se duplica la organización del Departamento de Política Territorial. Carreteras, Transportes. Antes sólo había un director y tenía mucho más trabajo. Y la directora de edificación trata con los departamentos para los que trabajamos: Salud, Educación, Justicia, Bienestar y Familia, Interior.
P. El Parlament recomendó revisar el método de contratación.
R. GISA tiene dos patas: la contratación y la ejecución. La contratación se revisa constantemente y ahora estamos hablando con todas las partes y con un encargo específico a un profesor universitario. Hablamos con contratistas, ingenieros, arquitectos. En el caso de los contratistas discutimos si hay que revisar las curvas de asignación. Con arquitectos e ingenieros estamos analizando la forma que tenemos de hacer la evaluación técnica.
P. Los contratistas critican los márgenes de baja temeraria.
R. Nuestra actitud es replantearlo. El Ministerio de Fomento ha cambiado sus pliegos y ha establecido la baja temeraria en el 4%. Nosotros estamos en el 5%. No creo que haya mucha diferencia. Lo que hay es mucha competencia entre los contratistas, porque 2004 fue un año con poca contratación. En Cataluña y en España. Y esto repercute en una competencia feroz y en bajas mayores. Nos fijamos en las bajas, pero también en los mecanismos de control del precio acordado para que no se dispare luego.
P. ¿Era algo generalizado?
R. ¿La revisión al alza? Sí, de hecho aún lo es. Uno de mis objetivos es revisarlo a fondo con un sistema de control más objetivo.
P. Es general la creencia es de que tras esas alzas hay cierta picaresca, que es algo pactado.
R. En mi caso, no hay pacto de ningún tipo.
P. ¿Y ha encontrado alguna prueba de que hubiera antes?
R. No. Y debe de ser difícil de probar. En cualquier caso, trataremos de evitar que pase.
P. Las desviaciones, ¿se concentran en algunas empresas?
R. No creo. Pero no tengo los datos y son difíciles de encontrar.
P. ¿GISA era una empresa tan convergente como para que los directivos incorporados tras el cambio de gobierno recibieran de la compañía una clave informática diferente?
R. Eso ha cambiado por completo. Ya no es así. Se ha eliminado la diferencia en la clave.
P. Xavier Borras dio en el Parlament una visión...
R. Ya no está aquí.
P. ¿Tenía contrato blindado?
R. Se ha cancelado como se cancelan los contratos blindados.
P. ¿Había contratos blindados?
R. Había un contrato bastante bien redactado.
P. ¿Quedan más casos?
R. Ya no quedan cargos políticos del anterior Gobierno en GISA. Se ha procedido a cancelar los contratos con buen asesoramiento legal.
P. ¿Indemnización millonaria?
R. No tengo los datos.
P. Ésta es la empresa a la que más se mira por el presunto 3%.
R. Es la que más licita.
P. ¿Algún dato al respecto?
R. No me he dedicado a investigar. Y sólo lo haré si tengo un encargo legal. No puedo ir preguntando a la gente cosas así.
P. De las obras de futuro, ¿cuál le hace más ilusión?
R. Me ha hecho mucha ilusión la primera: el juzgado de violencia doméstica. Lo inauguramos a finales de junio. Es el resultado de una nueva ley que aplica el Gobierno y hemos participado en la reforma. También los centros educativos. Hablo de nuevos centros y también de mejoras en antiguos. Mi hija, precisamente, se beneficiará de esas mejoras.
P. ¿Iba a un barracón?
R. No. Se ha cubierto un porche. Pero mi hijo fue a barracones. Las obras en Justicia también están quedando muy bien. Y están las básicas, el grueso de la actuación: carreteras, metros.
P. Usted llega del sector privado, ¿qué le choca más?
R. GISA contrata con la ley de administraciones públicas. Eso hace que sea muy diferente del sector privado, donde las normas las pone la empresa. Aquí vienen dadas por la Comisión Europea, que es estricta. Esto impide muchas cosas que el sentido común aconseja y no se pueden hacer.
P. ¿Por ejemplo?
R. Tener en cuenta la experiencia previa. En sentido positivo y negativo. No se puede tener en cuenta que una empresa realizó mal una obra el año pasado.
P. Ésa era una de las recomendaciones del Parlament.
R. Habrá que cambiar la ley.
P. ¿Qué tal son las relaciones con la Cámara de Contratistas?
R. Buenas. Buenas, pero son contratistas. Ejecutan nuestras obras y no está mal que haya una cierta tensión. Tenemos que vigilar el precio y la calidad. Sus objetivos son otros.
P. Los contratistas se quejaban de que se licitaba poco.
R. Hemos licitado el 70% de lo comprometido. En mayo estábamos al 15%, porque el Carmel representó un parón generalizado. No de GISA, sino general. Esto ha cambiado radicalmente. También en certificaciones. Estamos como el año pasado pero llegaremos al 15% más.
P. La gran obra es la línea 9 de metro. ¿Cómo está?
R. Representa el 50% de nuestro presupuesto y tengo que dedicarle el 50% de mi tiempo. Más incluso. Estamos analizando todas las adjudicaciones y ya se han tomado, con el Departamento, algunas decisiones importantes. Y las que no hemos tomado están sobre la mesa y con estudios encargados para tomarlas.
P. ¿Era muy chapucera?
R. Se contrató muy rápido. Los proyectos se hicieron muy deprisa. Es una línea muy compleja que hubiera requerido mucho más tiempo.
P. Su antecesor dimitió, ¿cómo le gustaría dejar el cargo?
R. Me encantaría ser consejera
P. ¿De Política Territorial?
R. De Economía y Finanzas, aunque de Política Territorial, también. Es muy interesante.