El fiscal pide sobreseer el caso por el arresto de dos militantes del PP por agredir a Bono

La Fiscalía de Madrid va a pedir el sobreseimiento de las actuaciones contra los policías denunciados por la detención de dos militantes del Partido Popular sospechosos de haber intervenido en la agresión al ministro José Bono el pasado enero durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El fiscal asegura que no existió delito de detención ilegal ni de falsificación de atestado policial. El PP ha presentado escrito de acusación en el que añade a esas imputaciones un novedoso delito de coacciones que hasta ahora no figuraba en el procedimiento.

La petición de sob...

La Fiscalía de Madrid va a pedir el sobreseimiento de las actuaciones contra los policías denunciados por la detención de dos militantes del Partido Popular sospechosos de haber intervenido en la agresión al ministro José Bono el pasado enero durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El fiscal asegura que no existió delito de detención ilegal ni de falsificación de atestado policial. El PP ha presentado escrito de acusación en el que añade a esas imputaciones un novedoso delito de coacciones que hasta ahora no figuraba en el procedimiento.

La petición de sobreseimiento presentada ahora por el Ministerio Fiscal se suma a la formulada en junio por la Abogacía del Estado, que defiende a uno de los tres policías imputados. En un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid pidió directamente el archivo de la causa ante las numerosas "irregularidades" y "trabas" puestas por el juez instructor Carlos Valle, así como por su "ánimo de innecesaria confrontación y nula imparcialidad", que ha provocado la indefensión de los policías.

Según fuentes fiscales, el escrito de sobreseimiento de la Fiscalía estaba a punto de ser presentado ayer, y en el mismo se rechaza la existencia de los delitos denunciados por el PP.

Sobre el de detención ilegal, la Fiscalía explica que los dos militantes del PP de Las Rozas (Madrid), Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, se encontraban dentro de un grupo de gente que mostraba una actitud hostil hacia el ministro de Defensa, José Bono, que se encontraba en la manifestación acompañado por un hijo. Dado que ambos militantes fueron identificados por los medios de comunicación, la policía decidió tomarles declaración.

Asistidos de abogado

Como el testimonio de los militantes del PP podía resultar incriminatorio, se decidió que la mejor forma de proteger sus derechos y revestir su comparecencia con las máximas garantías era tomarles declaración asistidos de abogado defensor. Por tanto, la detención obedeció a una justificación y se prolongó "por el tiempo mínimo imprescindible". Es decir, permanecieron en el centro policial donde fueron interrogados justo antes y después de la declaración, lo que hizo que la comparecencia no fuera "prolongada ni excesiva".

Respecto a la supuesta falsificación del atestado policial, por el cambio de instructor de las diligencias, la Fiscalía señala que el atestado sólo existe desde que se emite formalmente y sale de la comisaría para el juzgado. Es decir, el atestado policial válido es el que llega al juzgado, mientras que los anteriormente redactados pueden tener la consideración de borradores. Incluso dando por bueno la existencia de los cambios en el atestado, cuando un inspector se negó a tomar declaración a los sospechosos, la Fiscalía entiende que esa circunstancia no afectaría a lo sustancial del atestado, ya que todo lo que declaran está recogido en el documento.

Según las mismas fuentes, lo que se habría omitido o no se llegó a recoger en el documento sería el cambio de instructor en el supuesto de que éste se hubiese producido, pero eso no es un acto como para considerarlo una alteración que recae sobre un elemento esencial del atestado.

Por otra parte, el PP ha formulado escrito de acusación por los delitos de detención ilegal, falsificación de documento público y coacciones. Fuentes fiscales precisaron que este último delito no se recoge en la denuncia y aparece por primera vez en las actuaciones precisamente ahora, por lo que el juez instructor debería denegar su inclusión en el proceso en el caso de que se decidiese por abrir juicio oral.

Además, señalaron que el escrito de acusación no especifica claramente la conducta de la que cabe deducir dicho delito de coacciones.

El abogado del PP Juan Ramón Montero Estévez no pudo ser localizado ayer por este periódico. Fuentes de la defensa de los policías indicaron que el PP podría llegar a pedir alrededor de 10 años de privación de libertad por el total de los tres delitos -cuatro años por detención ilegal, otros cuatro por falsificación de documento público y dos más por coacciones- de los que acusa a un comisario y dos inspectores de policía.

A partir de ahora, el juez instructor Carlos Valle tendrá que pronunciarse sobre la apertura de juicio oral.