Un tribunal rechaza una querella contra el vicepresidente Ignacio González
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado un auto dictado el 20 de junio, en el que este tribunal acordó no admitir a trámite la querella por prevaricación presentada por una empresa contra el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, y otras cinco personas.
Este rechazo, sin embargo, ha contado con el voto particular contrario del magistrado Antonio Pedreira Andrade, quien no comparte la inadmisión a trámite sin que previamente se haya realizado una investigación mínima sobre los hechos.
La querella, promovida por la empresa Capita...
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado un auto dictado el 20 de junio, en el que este tribunal acordó no admitir a trámite la querella por prevaricación presentada por una empresa contra el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, y otras cinco personas.
Este rechazo, sin embargo, ha contado con el voto particular contrario del magistrado Antonio Pedreira Andrade, quien no comparte la inadmisión a trámite sin que previamente se haya realizado una investigación mínima sobre los hechos.
La querella, promovida por la empresa Capital del Toreo, acusaba a los seis denunciados de un delito de prevaricación en el concurso de gestión de la plaza de toros de Las Ventas, aunque la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior estima ahora de nuevo que ninguno de los hechos imputados reviste delito.
Pese a ello, la Sala ha remitido el caso a lo Contencioso-administrativo al entender que lo que impugna la empresa es la valoración realizada por los miembros de la Mesa de Contratación en el concurso y que, por lo tanto, lo que debe valorarse no es la existencia de un delito, sino la adecuación de un acto administrativo.
La empresa había presentado un recurso de súplica contra el auto del 20 de junio, pero éste ha sido ahora confirmado. El tribunal apunta que "sólo si el examen de la adecuación o no del actuar administrativo se dedujesen indicios de infracción criminal, cabría acudir a la vía penal para depurar las responsabilidades que pudieran existir".
El tribunal sigue: "Aun en el caso de que los hechos que se describen en la querella fueran rigurosamente exactos, tampoco nos encontraríamos ante un delito de prevaricación, sino ante una resolución administrativa no ajustada a derecho".
El magistrado Pedreira, sin embargo, reclama que se requiera a la Comunidad de Madrid para que aporte todo el expediente tramitado para cotejar "las graves irregularidades denunciadas" por la empresa y comprobar si "debe continuar el proceso penal o debe ser sobreseído".