Los campos de golf de la discordia
La Junta ultima un decreto que restringirá las urbanizaciones y obligará a usar agua no potable
El debate sobre la revisión del modelo de desarrollo urbanístico en Andalucía tiene un capítulo especialmente conflictivo en los campos de golf. Este deporte proporciona importantes flujos de turistas (1,5 millones anuales), y hay importantes expectativas de crecimiento. Pero la proliferación de campos, con 86 instalaciones en Andalucía y casi 300 proyectos vinculados en un 95% de los casos a promociones inmobiliarias, produce un fuerte impacto ambiental por la extensa ocupación del territorio, la consolidación de nuevos núcleos urbanos, la utilización de productos fitosanitarios y fertilizant...
El debate sobre la revisión del modelo de desarrollo urbanístico en Andalucía tiene un capítulo especialmente conflictivo en los campos de golf. Este deporte proporciona importantes flujos de turistas (1,5 millones anuales), y hay importantes expectativas de crecimiento. Pero la proliferación de campos, con 86 instalaciones en Andalucía y casi 300 proyectos vinculados en un 95% de los casos a promociones inmobiliarias, produce un fuerte impacto ambiental por la extensa ocupación del territorio, la consolidación de nuevos núcleos urbanos, la utilización de productos fitosanitarios y fertilizantes y, especialmente, por el elevado consumo de agua.
Para ordenar este crecimiento y conciliar las necesidades de expansión económica con las del cuidado del medio ambiente, la Junta de Andalucía ultima un decreto que establecerá un marco legal para el desarrollo de los campos de golf con dos pilares fundamentales: la limitación de las promociones inmobiliarias vinculadas y la obligatoriedad de regar con agua reciclada no potable.
Esta regulación es uno de los puntos del acuerdo programático entre el PSOE y Los Verdes para las elecciones autonómicas de 2004. El decreto abordará aspectos deportivos, turísticos, medioambientales y urbanísticos, por lo que en su redacción trabajan las tres consejerías implicadas. Según el secretario general de Urbanismo, Vicente Granados, se trata de "impulsar la creación de campos de golf con valores añadidos para la actividad productiva regional".
Obras Públicas plantea que los nuevos campos sean ante todo instalaciones deportivas e impedir que se vinculen a promociones inmobiliarias. Se permitirían ciertos usos residenciales, hoteleros y comerciales de bajo impacto en las proximidades, y preferentemente en núcleos urbanos ya existentes, lo que se denomina golf con urbanizaciones, y no a la inversa.
Pese a que Andalucía cuenta con más de la cuarta parte de los campos de España, no satisfacen la demanda turística, como atestiguan las constantes quejas de los turoperadores especializados. La mayoría no reúne la suficiente calidad para los jugadores, constreñidos entre viviendas, y ni siquiera se comercializan en los mercados turísticos. "Se han cometido verdaderas barbaridades", reconoce Ángel Salazar, directivo de la asociación patronal Promotur.
Crecimiento equilibrado
Salazar apuesta por un crecimiento equilibrado, "ni cero ni ilimitado, con criterios respetuosos con el medio ambiente y en equilibrio con un desarrollo hotelero y residencial de baja densidad". Ve innecesaria una legislación específica, ya que la exigencia actual de un informe de impacto ambiental es suficiente. Para Salazar, la explotación de los campos puede llegar a ser un negocio por sí solo, pero difícilmente se cubren los costes de imputación e instalación. De media, se estima que la construcción de un campo de 18 hoyos cuesta seis millones de euros.
Según Los Verdes, los nuevos campos deben estar sujetos a estrictas exigencias de calidad tanto en las instalaciones como ambientales, y no se deben permitir nuevas urbanizaciones. Para su portavoz en Málaga, Ángel Rodríguez, "lo que nunca se puede consentir es que en un lugar como Villanueva del Rosario (Málaga), que cada verano sufre restricciones de agua, se haga un campo con 2.000 viviendas".
Últimamente han proliferado estudios sobre el consumo de agua de estas instalaciones con datos muy contradictorios. La Junta reconoce que las necesidades son superiores a las del regadío agrícola, pero también que su rentabilidad y su creación de empleo es mucho mayor. Según Medio Ambiente, en condiciones de normalidad meteorológica un campo de golf requiere de unos 5.000 metros cúbicos de agua al año, el equivalente a una población de 6.849 personas en Málaga, que puede reducirse a 3.500 metros cúbicos con nuevas técnicas.
De los 43 campos de la provincia de Málaga, una veintena se riegan con agua reciclada de las depuradoras de Marbella y Estepona, y el resto con pozos propios. Según Promotur, el consumo apenas supone el 0,2% del agua usada en regadíos, con un rendimiento por hectárea de unos 200.000 euros anuales, cuando la misma superficie hortofrutícola "no produce más de 3.000". Los Verdes alertan de que sólo en Málaga, los campos consumen 130 hectómetros cúbicos al año, equivalentes a la mitad del agua embalsada en la provincia. Los promotores insisten en que ninguno se riega con agua de la red general procedente de los embalses.
Promotur llama la atención sobre la obligatoriedad que el decreto introducirá de regar con agua reciclada, pues si no hay consumo humano al no existir urbanizaciones, no habrá agua para depurar. También pide que se puedan regar los greens con agua natural, ya que la depurada estropea el tipo de césped de estas superficies, que representan un 2% el total de un campo.
El consejero de Turismo y Deporte, Paulino Plata, afirma que hay "mucha leyenda injustificada" sobre el impacto de los campos de golf, comparable a muchas producciones agrícolas, y que la clave es que se ubiquen en lugares donde ayuden a mejorar el medio ambiente y no a deteriorarlo.