Jueces para la Democracia considera un deber cívico explorar el diálogo con ETA
Jueces para la Democracia (JpD), de carácter progresista, considera que es "un deber cívico" explorar la vía del diálogo con ETA, si se parte de la premisa de que la banda abandona las armas. El portavoz de JpD, Edmundo Rodríguez, aseguró ayer, tras la reunión del secretariado de la organización, que el proceso que puede ponerse en marcha es "esperanzador" y que no existen impedimentos jurídicos o constitucionales para que se hicieran determinadas concesiones a los presos de ETA.
La declaración aprobada por el Congreso, suscrita por todos los grupos salvo el PP, sigue originando reaccio...
Jueces para la Democracia (JpD), de carácter progresista, considera que es "un deber cívico" explorar la vía del diálogo con ETA, si se parte de la premisa de que la banda abandona las armas. El portavoz de JpD, Edmundo Rodríguez, aseguró ayer, tras la reunión del secretariado de la organización, que el proceso que puede ponerse en marcha es "esperanzador" y que no existen impedimentos jurídicos o constitucionales para que se hicieran determinadas concesiones a los presos de ETA.
La declaración aprobada por el Congreso, suscrita por todos los grupos salvo el PP, sigue originando reacciones. A favor se mostraron, además de JpD, el Movimiento por la Paz, como ya lo hicieron el Sindicato Unificado de la Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En contra tomaron postura la Confederación Española de Policía (CEP), segundo sindicato del cuerpo, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) y la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC).
Periodo de verificación
Rodríguez explicó que el criterio de Jueces para la Democracia es que, en el caso de que se abriese el diálogo y hubiera un abandono previo de la lucha armada, el Ejecutivo podría ejercer de forma individualizada el derecho de gracia. Además, "se podría hacer una modulación de la política penitenciaria, con acercamientos de presos o progresiones de grado para los reclusos que muestren su rechazo a la lucha armada". No obstante, cree que debería fijarse "un periodo de aseguramiento", para que se verificase que no va a haber más atentados y que el abandono del terrorismo es realmente efectivo.
La CEP, por su lado, muestra su negativa a que "los asesinos de ETA negocien en plano de igualdad" con el Gobierno, rechaza que la banda "haya cejado en su ánimo de matar" y se opone a los beneficios penitenciarios. No obstante, sí aceptaría que se hablase con ETA "en el momento de su derrota", cuando "condenen la lucha armada", "entregue las armas y se entreguen a la justicia".
La ASIGC entiende que sólo se pueden negociar "los beneficios que de acuerdo con la legalidad vigente se les puedan aplicar [a los etarras], si se entregan para ser juzgados". La UOGC cree que como mucho se puede "tantear" a la banda, aunque esto pueda ser "una aventura de final incierto" que dé "oxígeno a ETA".