El Gobierno se plantea reconsiderar el estatuto de refugiado de Severo Moto

El Gobierno estudia la posibilidad de convocar la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio para reconsiderar el estatuto de asilado de que goza Severo Moto, a la vista de las continuas infracciones del mismo que viene cometiendo este opositor de Guinea Ecuatorial, acusado de haber intervenido en al menos dos intentos de golpe de Estado contra el régimen de Teodoro Obiang. Así lo ha confirmado a este diario el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, que opina además que hay motivos para que la justicia intervenga de oficio contra Moto.

"El Gobierno se plantea si pueden d...

El Gobierno estudia la posibilidad de convocar la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio para reconsiderar el estatuto de asilado de que goza Severo Moto, a la vista de las continuas infracciones del mismo que viene cometiendo este opositor de Guinea Ecuatorial, acusado de haber intervenido en al menos dos intentos de golpe de Estado contra el régimen de Teodoro Obiang. Así lo ha confirmado a este diario el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, que opina además que hay motivos para que la justicia intervenga de oficio contra Moto.

"El Gobierno se plantea si pueden darse las condiciones para que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio revise su estatuto, aun a sabiendas de que ese proceso va a llevar tiempo y será complicado", afirma León, que se hace eco de "la situación muy incómoda" derivada para el Ejecutivo de la última y rocambolesca desaparición de este peculiar refugiado político entre los pasados 20 de marzo y 30 de abril.

Moto viajó el 19 de marzo a Croacia para reunirse con Ante Jercic, un fabricante y posible traficante de armas, según los medios de comunicación yugoslavos, que, de acuerdo con lo declarado por Moto tras su regreso a Madrid, le acogió con intención de matarle por encargo de los servicios secretos españoles, pero que luego cambió de idea y le mantuvo durante mes y medio a buen recaudo.

Para mayor confusión, Moto declaró el pasado sábado: "No puedo afirmar que el Gobierno [español] haya estado detrás del plan para liquidarme, sólo sé que alguien les dijo a mis asesinos que los servicios secretos de España estaban detrás". En una entrevista publicada el pasado 27 de abril por el semanario croata Globus, el entonces todavía desaparecido guineano acusó rotundamente al CNI y al Gobierno español de planificar su muerte. Hasta esa fecha, en medios gubernamentales españoles se llegó a temer que hubiera sido efectivamente asesinado.

Bernardino León asegura que, por supuesto, "jamás a este Gobierno, ni al CNI, ni a ninguna instancia institucional española se le ha ocurrido hacer nada contra este señor que, por otra parte, cuenta poco" en la evolución política de Guinea Ecuatorial. Y opina que, en sus acusaciones contra el CNI y las autoridades españolas puede haber infracciones penales perseguibles de oficio, aunque el Ejecutivo, pillado entre las maniobras de Moto y la necesidad de mantener una distancia prudente frente a un régimen como el de Obiang, acusado de gravísimas violaciones de los derechos humanos, no parece inclinado a instruir al fiscal general del Estado para que actúe.

Pero lo que preocupa en sobremanera es el futuro de este opositor, que asociado reiteradamente a intentonas golpistas, realiza continuos viajes al extranjero en circunstancias consideradas de riesgo, sin dar noticias en días y semanas muchas veces, según han declarado sus familiares y colaboradores.

"Moto tiene que tener en cuenta que el Gobierno español garantiza su seguridad siempre que esté en España, como a todos los españoles, pero que cuando sale fuera, nadie le sigue, ni le vigila, ni le protege", explica León, haciéndose eco de uno de los motivos de incomodidad que da este refugiado.

Por lo que se refiere a esta última estancia en Croacia, el Ejecutivo sigue esperando un informe oficial de las autoridades de dicho país. Bernardino León sospecha, no obstante, que ha habido efectivamente una relación con tráficos paramilitares, por dos motivos. Uno es un artículo publicado el pasado 29 de febrero en el diario croata Jtarnji List, donde se decía literalmente: "Es evidente que Moto vino a Zagreb para comprar armas, porque la verdad es que no sabemos cómo interpretaríamos de otra manera la excepcional proximidad entre el golpista y los productores de ametralladoras y pistolas croatas".

El segundo motivo es una llamada telefónica que se recibió en Exteriores pocos días antes de la reaparición de Moto. Fue para informar de que éste estaba bien y sería liberado pronto. La hizo un antiguo jefe del Ejército serbio, un personaje que hoy aparece en listas internacionales de relacionados con tráfico de mercenarios y armamentos. El comunicante se presentó como "amigo" y comisionado del ecuatoguineano para dar el recado.

Dado que el estatuto de asilado y refugiado prohíbe cualquier tipo de actividad ilegal contra Gobiernos extranjeros, parece normal que se someta el problema a la comisión competente, integrada por los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Asuntos Sociales y por un representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que interviene con voz, pero sin voto.